vitoria. Álava es el territorio vasco que registra la mayor proporción de alumnos con necesidades educativas especiales. Se calcula que 2.133 de los 49.613 estudiantes existentes precisan de apoyo educativo principalmente por algún trastorno o discapacidad, o por razones más vinculadas al entorno en el que viven. La cifra es importante y no siempre los colegios ponen los medios necesarios para garantizar que todos ellos sean atendidos por igual.

Así, el Gobierno Vasco ha dado un plazo de cinco años para que al menos el 80% de los centros educativos sean accesibles, en todos los sentidos. Así, las aulas no sólo tendrán que corregir las barreras arquitectónicas, sino otras muchas que actualmente impiden atender a la diversidad correctamente, como la falta de personal preparado o una rigidez en el currículum que termina por excluir al alumnado con mayores dificultades.

El propio Ararteko señalaba recientemente en un informe que la situación podría mejorar, pero no sin la ayuda de las distintas instituciones. El Plan Extraordinario de Mejora de las Infraestructuras de 2008 establecía una cantidad de 700 millones de euros para que los centros realizaran las modificaciones necesarias con el fin de que los discapacitados puedan desplazarse sin dificultades. Pero no ha sido suficiente.

El colectivo de estudiantes con necesidades educativas especiales lo forman un amplio abanico de niños y jóvenes: los que tienen algún trastorno que les dificulta el aprendizaje, el alumnado con altas capacidades, los que se incorporan de forma tardía al sistema educativo, los que se encuentran en situación de desigualdad social o los que tienen un historial escolar o familiar conflictivo.

En total, representan el 5% de los estudiantes alaveses, y la cifra se ha duplicado en la última década. Y es precisamente en Álava donde la proporción es mayor, según los expertos porque los mecanismos de detección también son mejores. Sea cual sea el motivo, el Departamento vasco de Educación acaba de presentar un documento estratégico que busca mejorar la atención que se le da al alumno con necesidades educativas especiales. El plan se aplicará hasta el curso escolar 2015-2016.

El borrador del documento, que se encuentra en manos de los distintos agentes sociales y educativos, propone realizar un análisis situacional del sistema educativo vasco, identificando las barreras existentes y abordando en consecuencia planes de actuación a partir de políticas inclusivas. En esta primera fase, consistente en detectar las debilidades y amenazas, el propio plan señala "las bajas expectativas del profesorado respecto a las posibilidades académicas del alumnado con dificultades", y también "las bajas expectativas de algunas familias respecto a las posibilidades de sus propios hijos".

El texto, denominado Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en el Marco de una Escuela Inclusiva 2011-2015, aboga por revisar el contenido del currículum y los diseños tomando en cuenta la diversidad del alumnado y organizando el aula "de manera que se favorezca la autonomía y el trabajo colaborativo del alumnado". En definitiva, se apuesta por metodologías más flexibles para que ningún estudiante quede excluido. Igualmente, para las actividades extraescolares se plantea un programa "más accesible para todos".

La formación del profesorado es otra de las piezas clave. En la actualidad existen alrededor de 3.000 profesionales especializados para atender estas necesidades en Euskadi, lo que supone un 10% del profesorado total. Pero no es suficiente y este problema se agrava cuando los titulares requieren ser sustituidos. Por todo ello, el plan aboga por la formación de los docentes a través de los Berritzegunes, que seguirán trabajando como hasta ahora con el apoyo del personal especializado.

¿recortes de personal? El plan estratégico, sin embargo, aterriza en los centros en plena época de contención del gasto, por lo que el Departamento vasco de Educación propone "una nueva cultura de organización y de gestión de los apoyos", si bien es cierto que no concreta demasiado, tal y como han venido denunciando algunos sindicatos, que temen que el documento llegue acompañado de recortes. En principio, el área de Celaá quiere revisar y establecer nuevos criterios para la asignación de recursos humanos destinados a la atención de la diversidad, como pueden ser los orientadores, consultores, PTs, logopedas, dinamizadores culturales o fisioterapeutas, entre otros. Lo mismo ocurrirá con el material específico de las aulas estables, las aulas de aprendizaje de tareas o los centros de atención hospitalaria.