vitoria. Varios representantes de la Asociación de Concejos de Álava (ACOA) se reunieron ayer frente a la sede de las Juntas Generales para trasladar su malestar por los recortes que la Diputación va a realizar en las obras en la zona rural. Dentro del marco de los tijeretazos anunciados por el diputado general, Javier de Andrés, obligados por la caída de la recaudación durante este ejercicio, no se salvan las inversiones en los pueblos. De hecho, el Ejecutivo popular ha bloqueado las partidas que todavía no se hallaban en ejecución del Plan de Obras y Servicios de 2011. Ante esta situación, el gabinete conservador ha alegado que no habían presentado en plazo los proyectos.

Sea como fuere, esta decisión va a afectar a unas 80 obras de las 120 aprobadas inicialmente. Tal circunstancia suprimirá el 60% de lo planeado inicialmente. A pesar de que De Andrés ya advirtió en su día de que todas las inversiones estaban comprometidas si no estaban ya en ejecución, esta medida ha cogido por sorpresa a los concejos.

Ssegún aseguró ayer el presidente de ACOA, Javier Argote, este recorte supone la caída de unos 12 millones de euros que, unidos a los 6 u 8 millones que aportan las entidades locales para completar los trabajos requeridos, deriva en una pérdida de 20 millones de euros de obra pública.

A esta situación hay que añadir la creencia de ACOA de que la Diputación también suprimirá el Plan de Obras y Servicios de 2012, que supondría otros 12 millones de euros, sin contar los 8 millones invertidos por las entidades locales. Desaparecerán 40 millones de euros con las consecuencias que ello acarreará no sólo para trabajos en la zona rural sino también para las pequeñas empresas ligadas a la construcción.

Uno de los casos más representativos de los proyectos ya cancelados por la Diputación es el del saneamiento fluvial y alumbrado público de Villanañe. "Si estábamos mal en los pueblos con los servicios, con esto va a ser mucho peor. Nos dejan en una situación de total indefensión", denunció ayer Argote. El presidente de los concejos recordó que esta medida llega como consecuencia de la deuda acumulada fundamentalmente por los ayuntamientos en el Fondo de Estabilización para las Entidades Locales de Álava (Fepel), que ha obligado al Ejecutivo foral a tomar medidas para frenar la deuda de 70 millones acumulada en esa caja. Un recurso al que los concejos se opusieron y que les va a llevar a pagar las consecuencias de los números rojos de unos ayuntamientos que no se corresponden con la situación saneada de los concejos.