Vitoria. La larga crisis económica ha traído consigo recortes en los presupuestos que las instituciones manejan para el próximo año. Recortes en sanidad, obras, educación, investigación, servicios sociales... Son precisamente estos últimos los que han empujado en Álava a la creación de una plataforma en favor de los derechos sociales, que hoy se presentará públicamente en el centro de Vitoria.
En total, son una treintena de agentes, entre colectivos y sindicatos, quienes censuran el tijeretazo que se está produciendo y proponen, mediante la participación social activa, una salida "justa" a la crisis que padece la ciudadanía.
Desde Elkartzen, por ejemplo, aseguran que la realidad es terca y año tras año, el colectivo se ve obligado a repetir que la precariedad se instala en el ámbito laboral, con más de 184.000 personas en paro y más de 500.000 trabajadores percibiendo salarios inferiores al umbral de la pobreza. Pero, en su opinión, la precariedad en Euskadi va más allá de lo laboral y se extiende a todos los aspectos de las condiciones vitales de los sectores populares, por lo que se puede hablar de precarización social, ya que miles de personas sin trabajo remunerado -paradas, pensionistas, viudas, preceptoras de prestaciones... (900.000)- se ven condenadas a vivir con ingresos inferiores al umbral de la pobreza (37,5% del PIB per cápita).
Advierten de que continuamente se realizan aumentos en los recibos de la electricidad, el agua, el gas, el transporte, la recogida de basura, el teléfono, el correo, etc.., al tiempo que aumenta la privatización de los servicios sociales y públicos y se resta tiempo para la participación social activa.
En su manifiesto, el colectivo hace mención también a la huella ecológica, que "nos condena a la auto-explotación y auto-precarización", al tiempo que su desarrollo continúa aumentando, ya que "utilizamos casi otras tres Euskal Herria, además de la que ya existe, para poder abastecernos producir y reproducirnos".
Otra de sus protestas hace referencia al uso y disfrute de una vivienda, que se ha convertido en un elemento de "chantaje" (son ya siete los desahucios diarios que se dan en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa), en el que "o pagas a los agentes especulativos o bajas a lo más parecido al infierno de Virgilio", esto es "de patitas a la calle". Aunque la clase política profesional no se queda ahí -dicen-, ya que con el proyecto de modificación de la ley 18/2008 (que supone importantes recortes que se suman a los anteriores) pretende dar una nueva vuelta de tuerca a la vulneración de derechos sociales, dejando desprotegido de una forma clara y premeditada a quienes más necesidades tienen.
Todos estos factores hacen, para este colectivo social, que cada vez sean más los sectores sociales que se encuentran en una situación de eventualidad, inestabilidad y desamparo bajo el peso de un endeudamiento casi vitalicio, y sin medios para poder llevar a cabo una vida digna. Es este chantaje lo que empuja a aceptar la sumisión y la explotación, provocando una sociedad y una clase trabajadora cada vez más disgregada y sometida, rezan en su manifiesto.
En el apartado del trabajo denuncian algunas de las líneas de intervención planteadas, como abaratar el despido, implementar el copago, menos impuestos para la patronal "y sus amigotes", más flexibilidad en todos los ámbitos, menor representación sindical etc.
La otra cara de la moneda -argumentan- son las retribuciones propias de los altos cargos que con solamente dos años y un día de servicio tienen derecho cuando se jubilen a cobrar el 50% de lo que cobra un cargo en activo. (Cada vez existen más pensionistas de este tipo, piénsese en los cientos de altos cargos que han pasado por los gobiernos en sus 30 años de historia actual.).
Por ello, abogan por que la clase trabajadora y los sectores populares deben optar por la transformación social. "No hace falta que el sistema caiga en crisis para que la clase trabajadora sufra un severo proceso de precarización", argumenta Elkartzen.
