La crisis reabre el debate social en Álava

Antes tales condicionantes, parte del entramado asociativo vitoriano entiende la necesidad de revisar un sistema que considera caduco, pero lo hace con ciertas reticencias en cuanto al fondo y la forma de hacerlo. El temor de que la transformación lleve a un desapego de la responsabilidad pública sobre lo social, al posible abuso de un sector que aproveche la oportunidad para enriquecerse sin pensar en los colectivos de los que se ocupa o a que se llegue a un pago excesivo por parte de los usuarios hace mantenerse en alerta a los colectivos afectados.

mar resa

Responsable de programas de Ascudean

En el caso de la asociación de Familiares Cuidadores de Personas Dependientes de Álava (Ascudean) se corrobora la obligatoriedad de este debate. "Me parece bien revisar el modelo de la financiación, porque el sistema público actual está obsoleto", reconoce la responsable de programas, Mar Resa. Aunque también apunta a que el cambio ha de hacerse con prudencia. "Si se quiere incluir a lo privado debe hacerse con justicia en la concesión. Que se saque a concurso de forma que los pliegos sean los mismos para todos y que no dejen fuera a las asociaciones. La privatización implica unas condiciones que todavía no se conocen. A qué precio, en qué condiciones... Porque si van a hacer una cesión de servicios a sólo tres empresas y que domine el precio del servicio, no es válido. Se necesita cofinanciación y optimización. Privatización sí, pero controlada y justa", resume.

Se da la circunstancia de que este colectivo es uno de los más afectados por un posible cambio en la red de solidaridad social. De hecho, en la actualidad existen 10.354 personas valoradas como dependientes en Álava, y en el caso de mantenerse las actuales tasas, en 2020 existirán aproximadamente 13.400 personas. Este grupo goza de una especial protección foral ante los recortes aunque, sin embargo, algunas de las medidas propuestas por el Ejecutivo foral sí pueden afectar a sus bolsillos.

No en vano, la propia Marta Alaña aseguró que, mientras que una plaza residencial tiene un gasto medio de 65.000 euros anuales por persona, el máximo que ésta paga es de poco más de 12.135. Un coste inasumible que obligará a remodelar los pagos de los usuarios de estos servicios. "Habría que hacer una revisión de los baremos que paga cada uno en función de las rentas y propiedades que se tengan", propone Resa.

"La base propuesta por Marta Alaña es cierta, hay que revisar el modelo, pero no sólo la financiación, sino todo porque hay que mirar, por ejemplo, cómo facilitar la estancia en casa hasta lo posible, con buena atención y calidad de vida", resuelve.

Al respecto, desde Ascudean se remiten a su experiencia para afirmar que el sistema sería más sostenible con una mayor inversión en los servicios a los dependientes en el hogar. "Hay que abogar por mantener a las personas mayores en los domicilios porque sí saldrían a centros de día, pero quiere estar en sus casas. Claro que con 400 euros de prestación no llega para contratar un profesional en casa ocho horas", concluye Resa, afirmando que un aumento para estos cuidadores sería más barato que el mantenimiento del colectivo en las residencias.

begoña vázquez

Responsable de Servicios Sociales de ELA

La dificultad de encontrar un consenso en cuanto a la mejor forma de abordar el modelo de gestión social en el territorio se plasma en la diversidad de opiniones dentro de los colectivos afectados. Sin ir más lejos, el parecer de la responsable de Servicios Sociales de ELA, Begoña Vázquez, dista bastante del expresado por la diputada. "Lo rechazo absolutamente porque no son propuestas novedosas", critica.

A juicio de Vázquez, el Ejecutivo foral plantea un cambio del sistema orientado a un mayor copago y a la privatización por una decisión propia que justifica con la crisis. "No me creo que no es sostenible. La decisión está tomada hace tiempo. Es verdad que en Álava teníamos un modelo social con más garantías pero eso no significa que demos pasos para equipararnos a lo que está por debajo, como Bizkaia y Gipuzkoa. ¿Por qué no se mira a Finlandia?". Para continuar con un red social de referencia a nivel estatal aboga por acudir a la raíz del problema y aumentar los ingresos. "Dicen que es insostenible porque han puesto el empeño en que sea así. Si no hay ingresos, se tiene que reducir el gasto y las haciendas llevan mucho tiempo haciendo que se recaude con menos impuestos a los más ricos. Se puede recuperar el Impuesto de Patrimonio y perseguir el fraude fiscal. Se necesita financiación suficiente y hay alternativas para buscarlo, pero se ha optado por no hacerlo", reivindica.

Por ello, desde el sindicato ELA tienen muy claro que el modelo ideal estaría basado "en servicios públicos con financiación suficiente". Un respaldo económico que permitiría no tener que asistir al reajuste de plantillas que se plantea la Diputación en base a las proporciones más rentables existentes en las provincias vecinas. "Si hablamos de consolidar el sistema social, hablamos de consolidar, no de mermar. Por ejemplo, en los dos últimos años, se han perdido 300 empleos en la ayuda a domicilio", reprocha Vázquez.

En cuanto a la implicación de las asociaciones en ciertos centros y servicios, comparte sólo en parte la filosofía. "Se juega mucho con la voluntad de estos colectivos, pero se pierde la preparación del profesional porque en estos no todos lo son. La Diputación les utiliza un poco para gestionar en un principio y luego sacará un pliego de condiciones para dárselo a una gran empresa", lamenta.

miguel ángel ruiz

Presidente de la Comisión Antisida

Y aunque, en principio, el mayor problema para las arcas de los Servicios Sociales parece llegar de mano de las residencias, lo cierto es que el modelo de gestión afecta también a un amplio ramillete de asociaciones relacionadas con otros campos. Es el caso de la Comisión Antisida, que trabaja con colectivos en riesgo de exclusión, como afectados por el VIH, presos o prostitutas. Por ello, se mantiene alerta acerca de la marejada que se avecina en el horizonte cercano. "En 2008 nació una nueva ley de Servicios Sociales que habla de derechos que no son compatibles con los recortes que se plantean. Estamos dando pasos hacia atrás. Se necesitan unos recursos fuertes para aguantar la crisis porque la gente lo va a pasar mal si no hay un colchón adecuado", expone.

La propuesta de tender hacia una colaboración con el sector privado es una posibilidad que desde esta asociación no se descarta, pero con condiciones. "Detrás de un discurso tiene que haber soluciones concretas. Es muy importante la responsabilidad pública y, en cuanto a lo privado, apostamos por una organización sin ánimo de lucro que administre sin buscar un interés propio porque hay empresas que van a beneficiarse de la gestión de las residencias", apunta Ruiz, que destaca la necesidad del control foral en cualquier tipo de modelo.

Y también traslada una batería de propuestas que favorecería el doble objetivo de la sostenibilidad y el cumplimiento del cometido social. "Por ejemplo, los colectivos en riesgo de exclusión pueden dedicarse al cuidado de jardines, de las rampas mecánicas, a la recogida neumática, entre otras cosas. Labores que pueden hacer y que promovería empleo digno para estas personas".

Y en esta línea de actuaciones, Ruiz asegura que la Comisión Antisida estará a disposición de la Diputación. "Exigimos la participación y que se nos escuche. Hay organismos de participación ciudadana sin activar y con estos y la solidaridad se puede hacer una buena gestión del dinero público. Es cierto que muchas decisiones se toman fuera, pero hay otras que se tienen que resolver aquí, como la modificación de la renta de garantía", recuerda Ruiz.

Muchas opiniones para un mismo debate. La polémica está servida en un tema que promete generar múltiples conflictos y poco puntos de consenso en los próximos meses.