Vitoria. La boda tuvo lugar en 1998 y el accidente de tráfico que dejó a la mujer en coma, por ahora irreversible, llegó sólo dos años después. Según los padres de ella, la situación trastocó las bases del matrimonio y el desapego cundió en el marido hasta el punto de que dejó de visitarla en el hospital. Presentaron una demanda de divorcio ante la Audiencia Provincial de Álava e iniciaron un largo itinerario legal que ahora toca a su fin. Aunque el esposo se opuso desde un principio a acabar con el vínculo entre ambos, el Tribunal Supremo ha concluido esta inusual historia con la ratificación del divorcio promovido por los progenitores de la mujer.

Tras el grave accidente, la mujer quedó tetrapléjica y en estado de coma vigil, del que no se ha recuperado hasta la fecha. De acuerdo con los padres de la esposa, el matrimonio, que no tuvo hijos, ya mostraba síntomas de flaqueza antes de que sobreviniera la tragedia. Existía, según ellos, "un cierto desafecto entre los cónyuges" a consecuencia del cual la mujer "había consultado a un abogado para asesorarse sobre el procedimiento de separación antes del accidente". Tras el siniestro, "el marido iba muy poco a visitar a la esposa internada". "Ni había acudido al centro ni la había llamado, lo que indicaba la existencia de un incumplimiento al menos de los citados deberes de ayuda y socorro entre los cónyuges", explicaron.

La Audiencia Provincial, que se ocupó del caso después de que se presentara recurso de apelación contra la sentencia pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vitoria, falló a favor de la ruptura, lo cual dio lugar a un nuevo recurso, esta vez de casación, lo que elevó el proceso hasta la esfera del Tribunal Supremo. Los argumentos del marido para enfrentarse a la demanda de divorcio se basaban en la "falta de legitimación activa de los tutores". Así, pese a los escasísimos precedentes legales existentes en torno a la posibilidad de que el tutor de una persona incapacitada casada pueda ejercer la acción de divorcio, el Supremo recurrió a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, elaborada en 2006 en Nueva York y ratificada por España en 2008, para garantizar el acceso a la Justicia de la mujer en coma "en igualdad de condiciones con los demás".