Vitoria. A la titular de Asuntos Sociales Gemma Zabaleta le ha salido otro frente en la retaguardia. Un grupo de trabajadores de los servicios sociales ha recabado un centenar de firmas entre los profesionales de este sector en un documento, al que ha tenido acceso este diario, que critica en duros términos las restricciones que la consejera está ejerciendo sobre las ayudas sociales y el traslado de su gestión a Lanbide valiéndose del pretexto de que existe un fraude generalizado.

Los profesionales, pertenencientes a la red pública de servicios sociales de las distintas instituciones municipales, forales o vascas, quieren expresar su preocupación -que "en algunos casos llega a la indignación", apuntan- por algunas actitudes que ha adoptado el Departamento vasco de Asuntos Sociales durante los últimos meses para aplicar políticas de ajuste en las ayudas sociales.

En concreto, denuncian una estrategia encaminada a vender a la ciudadanía la necesidad de un cambio las políticas que se venían ejecutando hasta ahora y un mayor endurecimiento en las prestaciones aplicando la presunción generalizada de una voluntad de engaño en los beneficiarios.

En este punto, los trabajadores sociales firmantes del documento arremeten duramente contra Gemma Zabaleta, acusándole de alimentar este discurso del fraude sin datos. "Cuando la consejera habla de fraude no sabe de qué está hablando, ni le importa", sentencian con rotundidad, al tiempo que subrayan que no existe ningún estudio "mínimamente fiable" que determine el nivel de fraude real que existe en CAV. "Al Gobierno Vasco le importa tan poco la realidad que en vez de realizar un estudio de calidad al respecto, prefiere gastar el dinero en hacer una encuesta telefónica en la que personas anónimas opinan si existe fraude o no", aseguran.

El extenso documento que ha elaborado este colectivo también quiere salir al paso del cuestionamiento de su profesionalidad, y en este punto también se expresa con contundencia ante los responsables del Departamento de Asuntos Sociales. "Queremos comunicar nuestro hartazgo por tener que oír y leer continuamente lo mal que hacemos nuestro trabajo", manifiestan, a la vez que reprochan a los responsables políticos que "no se desaprovecha oportunidad para afirmar que los Servicios Sociales no controlamos nada, no cumplimos nuestras obligaciones o que establecemos los criterios que nos da la gana".

Asimismo, el grupo denuncia la escasez de medios con la que se ve obligado a realizar su trabajo.