Vitoria. John Lennon no creía en la magia ni en la Biblia ni tan siquiera en los Beatles. Los vascos, por su parte, desconfían en líneas generales de los políticos, los bancos y, como mandan los cánones del estereotipo, de los abogados. Más incluso que los ciudadanos del resto del Estado. Tanto recelo, confirmado por un estudio encargado por el Consejo General de la Abogacía Española a la empresa Metroscopia, tiene su reflejo correspondiente en la impresión que los habitantes de la CAV tienen de las instituciones públicas. El Gobierno central suspende con un 3,4 de nota, la Administración de Justicia obtiene la misma calificación, los gobiernos de las autonomías rozan el aprobado con un 4,8 y los ayuntamientos son los únicos que se salvan con un 5,4 raspado. Pese a tanta incredulidad, los vascos reconocen que la labor desarrollada por los abogados a los que han recurrido en caso de necesidad ha sido adecuada, valoran los servicios recibidos con un 6,8. Es más, la mayoría de ellos reconoce que si en el futuro requiriese nuevamente de los servicios de un letrado acudiría al mismo, aunque cuando se le pregunta por la opinión de conjunto que le merecen estos profesionales, sólo le da un 5,7, dos décimas menos que en el resto del Estado.

Acudir a los juzgados, aunque sea para declarar como testigo, no es plato de buen gusto para la mayor parte de los ciudadanos, pero tarde o temprano casi todo el mundo acaba pasando por el aro legal. Llegados a este punto, frecuentemente toca elegir defensa, con lo que se abre el abanico de posibilidades. ¿Cómo elegir abogado? Pues la mayor parte de los vascos, el 68% concretamente, se deja asesorar por un familiar o amigo. Otro 18% echa mano de uno conocido, un 4% sigue las recomendaciones de su sindicato, otro 4% recurre a uno de oficio y el 2% a Internet para realizar la contratación.

En el momento de realizarse la encuesta, seis de cada diez vascos explicaron que sólo habían solicitado los servicios de un letrado en una ocasión, mientras que el 37% restante se confesó veterano en lides legales. Tras su paso por el correspondiente bufete, el 36% indicó con rotundidad que volvería a depositar su confianza en el mismo abogado, un 25% que lo haría "probablemente", un 4% que "posiblemente" no y un 24% que no recurriría de nuevo al mismo "con total seguridad".

Valorando con detalle los aspectos más positivos del abogado que les tocó en suerte o eligieron, los vascos destacan por encima de todo -una nota de 7,6- la atención y el trato recibidos. También otorgan una buena calificación -7,2- a los conocimientos técnicos demostrados sobre la materia consultada y el interés y la dedicación depositados en el asunto. Los honorarios cobrados sólo merecen una valoración de 6,7 y, finalmente, el resultado obtenido, factor determinante en todo proceso legal, cae hasta el 6,5. Aún así, todo son aprobados dentro de este apartado.

Desigualdad A la hora de sacar el bisturí y diseccionar la realidad de la Justicia en el Estado, el grueso de los vascos manifiesta su desacuerdo con afirmaciones tales como "en España, hoy, los abogados constituyen una protección para el ciudadano frente a la arbitrariedad y la prepotencia de los poderosos". Igual suerte de rechazo logran frases tales como "los abogados defienden con el mismo empeño a todas las personas que acuden a ellos, con independencia de sus ideas o valores", o "los abogados de oficio se toman tanto interés por sus clientes de turno de oficio como por los de pago".

En el extremo opuesto, la ciudadanía de la CAV secunda masivamente ideas como que "los abogados tienen que garantizar por todos los medios el más absoluto secreto profesional para todo lo que les cuenten sus clientes" o que "la tarea del abogado no es tanto defender lo justo como aquello que beneficia a su cliente". Igualmente, cree que "la existencia de abogados permite que se aclaren pacíficamente situaciones que de otro modo podrían derivar en injusticias y violencia". Una de cal y otra de arena.

Además de licenciarse en Derecho, el 83% de los vascos es partidario de que los abogados, para poder ejercer, reciban formación adicional específica. Existe mayor disparidad en la información concerniente a la defensa de los derechos de los ciudadanos, ya que un 52% de los encuestados desconoce que los colegios de abogados, además de controlar el comportamiento de los letrados, atienden las posibles reclamaciones de sus clientes.