vitoria. Ya no hay día en que no se hable en el Ayuntamiento del caso de la mezquita del barrio vitoriano de Zaramaga, por mucho que el alcalde quiera llegar a una solución sobre su definitivo emplazamiento en menos de un mes y lejos de los micrófonos de la prensa. Ayer, el PSE volvió a poner el asunto sobre la mesa con una acusación distinta a la de xenofobia. El concejal Juan Carlos Alonso aprovechó la celebración de la Comisión de Urbanismo para advertir de que se está creando una situación de "inseguridad jurídica". A su juicio, el gobierno del PP ha sustituido el criterio de legalidad por "el de la discrecionalidad y la arbitrariedad por un mero interés electoralista".
Alonso consideró que el gabinete de Javier Maroto se ha saltado las reglas del Servicio de Edificaciones al "plantearse actuar conforme a lo que marca la legalidad o lo que es más adecuado para él". Según dijo, finalmente ha prevalecido la segunda opción, ya que en vez de permitir la apertura de la mezquita -sus promotores tienen todas las licencias- ha hecho prevalecer la voz de los vecinos en contra bajarando otros emplazamientos y celebrando reuniones entre todas las partes. Mientras tanto, no han faltado las manifestacionales semanales entre los opositores al centro, pintadas con tintes neonazis en la fachada de la lonja y hasta trozos de carne, un animal prohibido en la dieta de los fieles del Islam.
La evolución de los acontecimientos pone de manifiesto, a juicio de Alonso, que el gabinete de Javier Maroto no aplica la ley a todo el mundo por igual. "Cuando Garnica -concejal de Urbanismo- dice que su oficina estará abierta a la ciudadanía, supongo que será en función de la religión que profese", criticó el edil socialista, quien animó al equipo de gobierno "a cambiar la ley en vez de coartar derechos si es que nueve mezquitas en Vitoria les parecen demasiadas".
El aludido no quiso entrar al trapo. Garnica sólo señaló que "siempre vamos a cumplir la legalidad y no queremos polémicas".
