Vitoria. Poco o nada tiene que decir el Gobierno Vasco del revuelo que se ha montado en Álava después de que la Diputación haya decidido en pleno mes de septiembre, el mismo día en que arrancaban las clases, suprimir las ayudas a los libros de texto. La consejera de Educación, Isabel Celaá, reconoce que Javier de Andrés está "en pleno uso de sus facultades" para adoptar la medida e insiste en que los alumnos de la red pública tienen otra alternativa como es la de acogerse al préstamo. El tono aparentemente tranquilo de la consejera contrasta con el empleado por los socialistas alaveses -compañeros de partido de la consejera-, que insinúan que no apoyarán al PP, que se encuentra "en minoría", en las próximas negociaciones que se den en el seno de las Juntas Generales de Álava, como podría ser el caso de los Presupuestos forales.

La decisión anunciada la pasada semana por el Gobierno foral supone dejar a más de 20.000 alumnos alaveses sin ayudas para los manuales escolares. O dicho de otra manera: supone que parte de esos 20.000 alumnos -hay que excluir a los de la red concertada- vuelvan a llamar a la puerta del Gobierno Vasco para que les permita incorporarse al programa de Gestión Solidaria de Libros de Texto, una iniciativa a la que han renunciado durante todo este tiempo ya que preferían adquirir los manuales en propiedad. En este sentido, Educación dice estar capacitada para absorber todo este aumento de demanda. "Cuando adoptamos el préstamo consideramos que toda la red pública podría hacer uso de él", explicó Celaá. Así, en principio, parece que la medida adoptada por la Diputación alavesa no habría causado malestar en el Gobierno Vasco. "Habrá sido una decisión tomada de forma responsable y está en pleno uso de sus facultades", señaló la consejera, en referencia al diputado general de Álava.

Quizá Celaá prefiera guardar silencio, teniendo en cuenta que desde el año 2001 la Diputación ha venido asumiendo una competencia que recae sobre el Ejecutivo vasco. Lo cierto es que la eliminación de las ayudas no ha sido igual de bien entendida entre sus compañeros de filas, que sí han hablado claro. Los socialistas alaveses critican el recorte y anuncian que trabajarán para "impedir" la supresión de la gratuidad de estos manuales escolares.

En concreto, la portavoz socialista en las Juntas Generales de Álava, Cristina González, le recuerda al PP que se encuentra "en minoría" en el Gobierno foral y que "sería aconsejable acordar una solución" antes de eliminar una política que contaba con mayoría suficiente para ejecutarla. "No compartimos que los recortes haya que hacerlos en políticas que garantizan derechos constitucionales como es la gratuidad de la educación obligatoria", señaló González, que no ha aclarado si esto significa que podrían dejar solo al PP en la negociación de las Cuentas.

De momento, lo único que parece claro es que los alaveses perderán el dinero (entre 50 y 140 euros) que recibían cada año para comprar los libros de texto. Las familias con hijos en la concertada y las numerosas ya han mostrado su indignación por esta decisión.