BILBAO. Menores del País Vasco protagonizaron el pasado año un total de 113 delitos por violencia doméstica. Por territorios, en Bizkaia se contabilizaron 52 delitos, en Gipuzkoa 51 y en Araba 10, según se desprende de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2010.
La reciente detención de un joven de 17 años por haber asesinado presuntamente a su madre y a su hermano deficiente en la localidad vizcaína de Portugalete, justo un día antes de cumplir la mayoría de edad, ha conmocionado a la sociedad vasca. No obstante, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Calparsoro, ya mostró durante la presentación de la memoria de la Fiscalía su "preocupación" por la violencia ejercida por los menores hacia sus familiares ya que se registraron hasta 113 causas por delitos de violencia doméstica y 7 por maltratar a sus parejas.
De hecho, la Fiscalía de Bizkaia contabilizó 52 expedientes por violencia doméstica y en 4 casos se acordó el alejamiento respecto de la madre. En el año 2009 se habían registrado hasta 86 delitos de este tipo y un año antes otros 67.
Los menores de Bizkaia protagonizaron además una decena de agresiones sexuales, diez abusos sexuales, un homicidio, 180 robos con fuerza y 163 robos con violencia o intimidación, entre otros delitos.
En Gipuzkoa los delitos por violencia doméstica ejercicios por menores de edad ascendieron a 51. Se registraron además otros tres casos de violencia de género, cuatro agresiones sexuales, cinco abusos de carácter sexual y un caso de homicidio. Los delitos más numerosos llevados a cabo por los menores fueron los hurtos (215), seguidos de las lesiones (175).
En Araba, los menores protagonizaron 10 delitos de violencia doméstica. Asimismo, se registraron cinco casos de agresiones sexuales y dos de abusos sexuales. En este territorio, los robos con fuerza (32) fueron los más llamativos, seguido de los robos con violencia o intimidación (26) y las lesiones (22).
DIFICULTADES
Según destaca la Fiscalía de Gipuzkoa en la Memoria de 2010, los delitos domésticos corresponden a "la incapacidad por parte de los padres, de poner límites a sus hijos, o de los casos en que éstos últimos, sencillamente, los infringen". "Como consecuencia de ello, existen serios problemas de convivencia familiar, que llevan a que sean los propios padres quienes demandan que sus hijos sean apartados del domicilio", se explica en la memoria. No obstante, se advierte de que desde el punto de vista jurídico-penal, esto no es siempre posible, ya que el tipo de infracción cometido no permite la imposición de una medida de internamiento. "Es necesario, en estos casos, acudir a los servicios de protección de menores, que serán quienes deberán adoptar las medidas oportunas en relación con la situación familiar", se señala.
A ello se añade que el interés del menor hace que "lo conveniente no sea alejarlo del núcleo familiar, sino que, en caso de ser necesaria una intervención para separarle y evitar la convivencia, ello sólo tiene sentido durante muy poco tiempo y de forma no irreversible". "El objetivo final y fundamental es conseguir que la relación familiar se normalice, que la convivencia del menor en el seno familiar sea adecuada, y que se establezcan formas de relación y solución de conflictos de forma dialogada y pacífica. Todo ello, evidentemente, con un contenido protector del menor", se advierte.
Para la Fiscalía de Gipuzkoa, existe una problemática a la hora de encontrar una solución satisfactoria a este tipo de conductas, solución en la que a su juicio, deben implicarse, de forma muy activa y siempre con la intervención de profesionales, no sólo el menor, sino también la familia.
La Fiscalía de Bizkaia, por su parte, reconoce que el internamiento, en sus diferentes regímenes, en la mayoría de los supuestos "resulta desproporcionado y crea en el menor un sentimiento de rechazo incompatible con el espíritu educativo de la norma".
A su juicio, esta medida sigue planteando grandes dificultades al interesarse la misma, dado que Departamento del Gobierno Vasco de ejecución de medidas "sigue considerando que algunos centros de reforma reúnen las condiciones necesarias para llevar a cabo en los mismos la convivencia y si se solicita la misma en cautelar o medida definitiva y el juez la acuerda, se designa un centro de reforma para su cumplimiento, si bien permanecen en el un período muy corto siendo trasladados después a pisos en que reúnen las características propias de un sistema totalmente abierto". Según se advierte, desde la Fiscalía se ha recurrido en dos ocasiones, estando pendiente la Audiencia Provincial de resolver los correspondientes recursos de apelación.
