vitoria. La amenaza de desahucio que pende sobre el número 103 de la calle Cuchillería sigue en el aire. Aunque los ocupantes del inmueble habían previsto que ayer mismo tuviera lugar el desalojo del edificio por parte de las autoridades judiciales, finalmente no se cumplieron las expectativas, hecho que el colectivo achacó al elevado número de personas que se congregó en torno a la casa ocupada a lo largo de la mañana de ayer.

La sentencia que daba lugar al lanzamiento judicial, nombre que se emplea para referirse a los desahucios, entró en vigor ayer a las 10.30 horas, con lo cual los ocupentes del número 103 de Cuchillería esperaban la visita del agente judicial a lo largo de la mañana. "Gracias a la gente concentrada que se encontraba en el lugar, unas 60 personas, nadie se ha personado en el lugar", señalaron ayer mismo los representantes del colectivo. "A las 10.40 horas hemos recibido una llamada del procurador informándonos de que se había pospuesto el desahucio por falta de dispositivos policiales", ampliaron. Por todo lo sucedido durante la jornada de ayer, los ocupantes de la edificación agradecieron los apoyos recibidos hasta la fecha y remarcaron que "gracias a la gente que se ha concentrado, el desalojo no se ha celebrado".

La justificación de la falta de medios policiales constituye una circunstancia sorprendente, ya que cuando tuvo lugar el desalojo del inmueble de Los Bartolos en la avenida de Los Huetos, también por orden judicial, los efectivos policiales estuvieron avisados y dispuestos desde el día anterior. Los integrantes de la Unidad Operativa de Seguridad, UOS, competentes para este tipo de intervenciones, modificaron aquella jornada sus horarios para poder participar en el lanzamiento judicial.

El colectivo que vive en la casa okupada de Kutxi 103, reclama su derecho a continuar en el edificio por el elevado número de iniciativas sociales y populares que impulsan y en las que participan. Afirman dar "vida al barrio" y ayudar en la "siembra de solidaridad y compromiso que suponen las iniciativas vecinales".

La postura mantenida por la Fundación Catedral Santa María, entidad titular del inmueble, y su director gerente Juan Ignacio Lasagabaster ha consistido en apoyar el desalojo del inmueble para proceder a su demolición, ya que, aseguran, se encuentra en muy mal estado y amenaza ruina. De hecho, recuerdan que si algo les ocurriera a los ocupantes del inmueble a causa de su "deplorable" estado, ellos, como dueños del edificio, serían los responsables.

No obstante, desde el colectivo de ocupantes de la casa se asegura que el propio Lasagabaster ha reconocido recientemente que la Fundación Catedral Santa María carece, por el momento, de proyecto alguno para ese espacio, ni presupuesto para abordar posibles modificaciones. "Intentan acallar a la fuerza -manifiestan- el evidente cuestionamiento de los planes directores de la Catedral y del PERI que los vecinos denuncian con su proyecto cotidiano de casa okupada".

A lo largo del pasado mes, numerosos vecinos del Casco Viejo han respondido a las convocatorias de los ocupantes del número 103 y han participado los jueves en sonoros actos de protesta a pie de calle frente al inmueble.