Vitoria. El Parlamento Vasco rechazó ayer una iniciativa de PNV, Aralar, EA y EB, que pedía la inclusión de los damnificados del 3 de marzo de 1976 de Vitoria, en el que cinco personas murieron por los disparos de la Policía durante una protesta laboral, en la Ley de Reconocimiento de las Víctimas del Terrorismo, que actualmente tramita el Congreso de los Diputados. La propuesta, debatida en el pleno de la Cámara autonómica, no ha salido adelante, al recibir los 36 votos a favor de los partidos proponentes y los 38 en contra que suman PSE-EE, PP y UPyD.

Tampoco ha sido aprobada una enmienda a la totalidad de los socialistas, en la que éstos -que coinciden en la condena de los hechos aunque creen que no se pueden meter "en el mismo saco" que el terrorismo-, planteaban que el reconocimiento y la reparación de estos damnificados se estudie en la ponencia de la Cámara sobre las llamadas víctimas de motivación política. El texto del grupo parlamentario del PSE sólo fue aprobado por los propios socialistas, mientras que el resto de formaciones han votado en contra del mismo.

La iniciativa original del PNV, Aralar, EA y EB instaba al Gobierno central a incluir a las víctimas del 3 de marzo de 1976 de Vitoria en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados. Además, planteaba analizar este caso en la ponencia sobre damnificados de motivación política.

En los sucesos del 3 de marzo de la capital alavesa, cinco personas fallecieron y 150 resultaron heridas como consecuencia de la intervención y los disparos de la Policía durante una protesta laboral. El PNV y NaBai ya han registrado enmiendas en el Congreso para que la citada legislación contemple a estos y a otros damnificados de hechos similares. En ese sentido, el parlamentario del PNV Mikel Martínez destacó que la aceptación de estas enmiendas en las Cortes Generales sería "una magnífica oportunidad de dar carpetazo" a todo lo relacionado con la reparación a estas personas o a sus familiares. Además, reprochó a socialistas y populares vascos que hayan "roto" el consenso en materia de atención a las víctimas.

La portavoz parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, criticó los intentos de "clasificar a las víctimas" en "distintas categorías" y defendió el principio de que "a mismas vulneraciones de derechos, la misma reparación y reconocimiento". El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, acusó al PSE de tratar de "eludir" el compromiso de "pedir al Gobierno central" que este colectivo sea tratado "como víctimas del terrorismo de Estado".

Por parte del PSE, Mikel Unzalu se reafirmó en la condena de su partido a los sucesos del 3 de marzo, sobre los que afirmó que hay que seguir investigando. No obstante, manifestó que incluir a las personas afectadas por estos hechos en la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo sería "meter en el mismo saco dos cuestiones que no tienen correspondencia", por lo que ha considerado que el foro idóneo para debatir este asunto es la ponencia sobre víctimas de motivación política.

El parlamentario del Partido Popular Carmelo Barrio expresó su solidaridad con los damnificados del 3 de marzo y condenó los sucesos que se produjeron en la capital alavesa en aquella fecha. Aunque coincidió en la necesidad de reparar a estas personas, indicó que su inclusión en la Ley de Víctimas del Terrorismo no es "lo más adecuado". Por parte de UPyD, Gorka Maneiro expresó su condena a los hechos y su "desprecio" a la actuación policial que se produjo en los mismos, aunque consideró que las vulneraciones de derechos que se produjeron no pueden considerarse terrorismo.

Por su parte, la Asociacón de Víctimas del 3 de marzo mostró su decepción con lo ocurrido en la Cámara autonómica. No en vano, consideró que la impunidad permanente sobre "la masacre policial ocurrida en marzo de 1976 cuando la Policía asesinó a cinco trabajadores vitorianos no es más que la punta del iceberg de una estrategia de encubrimiento y de olvido que pretende ocultar todas las múltiples expresiones del terrorismo de Estado ocurrido en las últimas décadas". A su juicio, "las excusas esgrimidas por PSE, PP y UPyD en el Parlamento han sido un ejemplo más del citado modelo de impunidad y encubrimiento. Denunciamos la hipocresía de estos grupos porque defienden la categorización de las víctimas y de su tratamiento en función del origen del causante".