vitoria. Una vez más, las reducciones que introdujo Educación a comienzos de curso en la financiación de los centros educativos ha vuelto a enfrentar a las patronales de la red concertada con el Departamento que dirige Isabel Celaá. Los colegios e ikastolas piden al Gobierno Vasco que devuelva a los trabajadores todo el dinero que se les recortó, tal y como va a hacer con los empleados de las haurreskolas. Sin embargo, Lakua se niega a asumir este cantidad.
La reclamación realizada ayer por las cinco organizaciones patronales, Kristau Eskola, Ikastolen Elkartea, AICE, Ikasgiltza y EIB, se produce después de que Celaá anunciara que el Consorcio Haurreskolak, dependiente del Gobierno Vasco, devolverá a sus empleados el dinero que les recortó el año pasado como consecuencia del ajuste presupuestario. Cabe recordar que una sentencia del TSJPV declaraba que estos recortes no se ajustaban a derecho, por lo que Lakua se ve obligada a rectificar en el caso de las haurreskolak.
La red concertada, por su parte, demanda que Educación haga lo mismo en el caso de sus trabajadores, que al igual que los del Consorcio, vieron reducido su salario. Sin embargo, el Ejecutivo se niega y justifica su actitud en que si bien la sentencia del Tribunal anulaba tanto los recortes introducidos en la enseñanza concertada como en las haurreskolas, "exculpaba" al Gobierno Vasco. O dicho de otra manera, según la interpretación que hace Celaá de la sentencia, son las propias patronales los que deberían abonar esta diferencia. "Las sentencias que aluden a los centros concertados señalaron que la actuación del Gobierno Vasco fue la correcta", afirmó el Departamento de Educación.
Como cabía esperar, esta actitud ha sido duramente denunciada por las patronales. "Mientras en la red concertada exige a los centros aguantar las presiones laborales, es el propio Gobierno Vasco quien cede ante las medidas de presión ejercidas sobre él por un determinado colectivo", declararon ayer.
Por otra parte, los sindicatos ELA, LAB y STEE-EILAS alertaron ayer de la intención del Departamento de Educación de imponer "nuevas reducciones en la plantilla" el próximo curso. La advertencia se lanzó tras una reunión de la Mesa Sindical en la que al parecer Celaá ha rechazado la petición sindical de acordar un nuevo calendario para un nuevo proceso negociador.
