Vitoria. Euskadi, Castilla León, Murcia y Andalucía son las cuatro comunidades autónomas en las que se han dado escisiones dentro de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir). A partir de las divisiones, han nacido otros colectivos, aunque con los mismos objetivos. Sin embargo, desde Anadir ya han avisado a sus asociados de la posibilidad de adoptar medidas legales en el caso de que las personas que forman parte de las escisiones se pongan en contacto con socios de Anadir beneficiándose de su condición pasada. "Cualquier correo que reciban que no sea anadir.es no está enviado por la asociación. Se está estudiando la posibilidad de denunciarlas pues consideramos que se trata de actuaciones que podrían ser constitutivas de delito", explica en un comunicado el presidente del colectivo, Antonio Barroso.
Al parecer, las disidencias internas empezaron el pasado 30 de abril cuando las cuatro portavoces de los territorios referidos se opusieron a que cada socio aportase los "tres euros mensuales" como sustento de la propia asociación, a falta de subvenciones públicas.
La gota que colmó el vaso fue la propuesta de las mencionadas representantes, que a juicio de Barroso, "se limitaba a crear una federación territorial en la cual cada una tuviera un poder absoluto y rotundo para decidir de forma autónoma las políticas, las actuaciones y el enfoque de la asociación".
Este cambio de rumbo les llevó a tomar caminos distintos, de manera que Mayte Alonso ejercerá de portavoz de Anadir en el País Vasco, en lugar de Flor Díaz, que hará lo propio bajo un colectivo que podría denominarse Afectados vascos por Niños Robados. "Desde la Junta Directiva hicimos saber que su propuesta era legítima pero que no era la vía de Anadir, como asociación nacional que no hace distinciones entre afectados de un territorio". Dado que las víctimas "siguen siendo las mismas", la reestructuración no afecta a las 19 denuncias que en estos momentos investiga la Fiscalía alavesa en nombre de Anadir.
