Vitoria. El sindicato ESK censuró ayer que la "cruzada de la empleabilidad" emprendida por la consejería de Gemma Zabaleta, a través del plan de subvenciones +Euskadi 09, se pone a disposición de organizaciones y personas desaprensivas. En concreto, la central denuncia las ayudas que el Gobierno Vasco dio a "cualquier precio" a la Asociación Solidaria de Ayuda de Álava (ASA), a la que considera sólo la "punta de iceberg del escaparate de Zabaleta pues sólo consigue por unos meses cambiar las cifras de desempleo". El colectivo en cuestión -nacido en el seno de la ONG de las parroquias de la capital (Berakab)- promueve la contratación entre personas desempleadas o las que perciben la Renta de Garantía de Ingresos. En total, el hipotético fraude ascendería a 360.000 euros, por los nueve programas de contratación de 40 personas a esta empresa. "Nos centramos en un aspecto concreto que conduce a la inexistencia de un control mínimo a la ahora de aprobar un programa que otorga 1.500 euros al mes para salarios y Seguridad Social que debían durar seis meses", denunció ayer Julio Sánchez, portavoz de la delegación alavesa de ESK. De hecho, la falta de control sería tal que, según anunció este portavoz, el sindicato ya cuenta con el apoyo de varios grupos parlamentarios para llevar una pregunta hasta la Cámara vasca. "También solicitaremos una comparecencia en la comisión parlamentaria correspondiente".
Las acusaciones que pesan sobre ASA son de seria gravedad, como que los dos primeros meses del contrato han tenido a los trabajadores en una lonja, "sin las mínimas condiciones de salubridad". También las referidas a no pagarles los honorarios y que cuando éstos llegaron no eran acordes a los convenios sectoriales correspondientes. "Uno de los proyectos financiados más importantes, una ludoteca, no funcionó más de dos días por no contar con niños a los que atender", precisó Sánchez.
Entre las denuncias llevadas a cabo por ESK estaría la que llevó hasta el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), que la ha admitido y está en fase de diligencias. Dicho requerimiento se basa en que dos de los programas subvencionados a esta ONG, dirigidos especialmente a mujeres como el aula de empapelado y el de hogar, contienen toda una retahíla de aberraciones machistas. En el primer caso, porque va dirigido a "solteras extranjeras que deben llevar indumentaria vistosa" y, en el segundo, porque se basa en "deberes de ama de casa y obligaciones inherentes al trabajo de la mujer".
Los dos juicios ESK descubrió el supuesto escándalo el pasado enero, cuando llegó al sindicato una mujer no afiliada de 61 años, llamada Alicia, a la que la siguió otra compañera de 40 años, de nombre Begoña. Ambas denunciaban que los dos primeros meses de contratación no les fueron retribuidos a su vencimiento. Además, durante dos meses, 17 de los empleados fueron supuestamente recluidos durante la jornada laboral en una lonja que la asociación tiene en la calle Florida, sin luz, calefacción y teléfono. "La labor de estas personas ha sido adecentar esta lonja", censura la central, quien acusa al responsable de la asociación de ocultar la reforma al no permitir nunca abrir las puertas para ventilar el local. "La pintura de un mural me obligó ir a urgencias al día siguiente", recordaba Begoña, cuya vista oral se produjo el lunes, mientras que el caso de Alicia se llevó a los juzgados ayer.
Otras 14 féminas se emplearon en otra lonja, habilitada como ludoteca, en la calle Pío XII, "sin hacer nada día tras día porque no había niños a los que atender".
Los enfrentamientos de estas dos mujeres con el responsable de ASA, según dicen, les llevaron a interponer sus quejas ante la Inspección de Trabajo, ante Egailan -organismo dependiente del Gobierno Vasco-, a caer de baja y a ser despedidas por no superar el periodo de prueba. A juicio de ESK el despido es improcedente porque este plazo para empresas de más de 25 trabajadores no puede superar los dos meses. "ASA alega que no tenía más de esa cifra, cuestión fraudulenta a todas luces porque ya tenía autorizadas las subvenciones del Gobierno Vasco para contratar durante seis meses a 40 personas, así como seleccionadas a todas las personas que luego fueron realmente contratadas".
