vitoria. El Ejecutivo de Zapatero quiere demostrar a toda costa que cumplirá su promesa y que la central de Garoña cesará su actividad en 2013 pese a que hay quien duda de ello. Con este objetivo, el Congreso de los Diputados debatirá y votará hoy una proposición no de ley presentada por el PSOE en la que se reafirma el cierre de la central burgalesa.

La iniciativa incluye también una petición al Gobierno central para que haga las pruebas necesarias en las plantas atómicas españolas con el fin de descartar cualquier problema de seguridad. Y es que después del desastre de Japón, Madrid no quiere que exista la menor sospecha sobre el estado en que se encuentran las instalaciones nucleares del Estado.

Tras la enmienda aprobada recientemente por las Cortes, con el apoyo del PNV, que abría la puerta para prorrogar la vida de las centrales más allá de los 40 años, han sido muchas las voces que han puesto en cuestión la promesa de Zapatero de cerrar Garoña en 2013. De hecho, los ecologistas ya lo dan por descartado, y más aún teniendo en cuenta que hay unas elecciones generales de por medio. Igualmente, el lobby nuclear español se muestra optimista respecto a la continuidad de esta planta.

Sin embargo, el PSOE quiere cerrar el debate planteando en el Congreso la ratificación del cese de actividad de Garoña mediante la presentación de esta proposición no de ley. En el texto de la propuesta, la formación insta al Gobierno central a "continuar llevando a término todas las acciones conducentes a hacer efectivo el acuerdo del Consejo de Ministros del cierre de la central de Santa María de Garoña, cumplido su ciclo de vida útil, en consonancia con las exigencias y garantías que se deduzcan del estudio".

estudios Además, antes del 31 de diciembre de 2011, le pide que se lleven a cabo en todas las centrales españolas, por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), los estudios que se consideren necesarios para garantizar que estas instalaciones puedan funcionar durante su periodo de vida útil, sin suponer un riesgo para la población o para el medio ambiente, en todas las posibles situaciones consideradas como excepcionales, tales como terremotos, inundaciones, accidentes o actos terroristas.