Vitoria. La asistencia jurídica gratuita se encuentra en pleno proceso de redefinición. El Gobierno Vasco aprobará a comienzos de 2012 un nuevo decreto que regulará en adelante esta actividad y los abogados, que tienen mucho que decir en este proceso, esperan que las apreturas presupuestarias no afecten todavía más a un sistema que a día de hoy ya presenta carencias. Pese a la buena estima que, por lo general, los ciudadanos muestran hacia la labor de los letrados de oficio, las actividades que éstos desempeñan están "muy mal pagadas" y las sobrecargas de trabajo son más que habituales en su día a día.
El Colegio alavés de Abogados se ha sumado a una campaña estatal en favor de la justicia gratuita que pretende poner en valor "el objeto social de la abogacía", reflejado en esta actividad ejercida por el 33% de los letrados del Estado, y exigir más medios a las instituciones. ¿El objetivo? Que, en cualquier circunstancia, ninguna persona sin recursos quede desposeída de un derecho tan fundamental como el de la defensa. Pueden optar a los abogados de oficio las unidades familiares que no sobrepasen los 15.000 euros anuales de renta. Juicios rápidos, extranjería o violencia de género son tres de los campos más habituales donde la defensa se ejerce por estos medios. "Hay que actualizar el modelo actual pero no cambiarlo radicalmente, porque hoy en 2011 funciona. No se pueden reducir costes si a la larga eso implica recortar derechos", advirtió ayer Javier García Pascual, decano del colegio alavés.
La crisis también se ha notado en los juzgados de la provincia, y así lo reflejan los datos aportados ayer por los letrados. 10.045 alaveses recibieron durante 2010 asistencia jurídica gratuita, entre actuaciones del servicio de orientación jurídica, turnos de oficio y asistencias a detenidos, cifras muy altas que alcanzaron su pico más alto a lo largo de 2008, cuando comenzó la recesión. Casi en un 10% de las actuaciones que se desarrollan en instancias judiciales la defensa se lleva a cabo por letrados de oficio, en cuyos trabajos "no llegan a cobrar ni la mitad" de lo que percibirían si se dedicasen a un asunto particular, denunció García.
