sucedió hace pocas semanas en Vitoria, concretamente a finales de febrero. La Ertzaintza desmanteló en la capital alavesa una banda organizada de ciudadanos de origen georgiano, expolicías en su país, dedicada al robo de viviendas en territorio alavés. El operativo, impecablemente ejecutado, tuvo como resultado la detención de dos personas que se sumaron a las otras dos anteriormente arrestadas por la Policía autonómica igualmente en la capital alavesa. A estas cuatro detenciones hubo que sumar una quinta que se produjo al día siguiente de que los agentes irrumpieran de madrugada en los pisos en los que residían los integrantes del grupo. Lo que no se supo entonces y ha trascendido ahora es que en pleno proceso de identificación, los arrestados se mofaron de los ertzainas que los detenían. ¿Por qué? Por su sueldo. Según ha podido saber DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, los detenidos les espetaron que trabajaban "por cuatro duros" e hicieron gala de que ellos, sin moverse de su casa en Vitoria, ya cobraban 900 euros de las ayudas de emergencia social que reparte el Ayuntamiento. Una revelación que sorprendió enormemente a los agentes.

Al parecer, el único requisito que han de cumplir estas personas a cambio de recibir este dinero es el compromiso de asistir a una serie de clases gratuitas de idiomas, castellano o euskera. A elegir. De hecho, según han indicado diversas fuentes a consultas de este diario, ni siquiera ahora que han pasado a disposición judicial y se encuentran a la espera de que se celebre su juicio han perdido el derecho a percibir los citados 900 euros mensuales. Aunque el Gobierno Vasco ha señalado ya la incompatibilidad que supone la posesión de un cierto patrimonio con la percepción de ayudas, no parece que exista obstáculo alguno en ingresarlas habiendo sido detenido.

No es éste, sin embargo, el único caso que se conoce. Hace unas semanas, en los juzgados de Vitoria, un grupo de personas que fueron halladas culpables de desmantelar una nave industrial para vender el metal obtenido como chatarra, fueron condenadas al pago de una fuerte indemnización. Ninguno de los tres contaba con trabajo ni ingresos, salvo uno de ellos que percibía igualmente 900 euros de ayudas sociales. Puesto que tenía cuatro hijos, la juez le condenó a un pago mensual de 50 euros hasta satisfacer los 33.000 a los que asciende la indemnización.