vitoria. Las ikastolas también deberán abonar a sus trabajadores la cantidad descontada de sus salarios desde el pasado mes de septiembre, después de que el Gobierno Vasco, dentro de las medidas anticrisis, decidiera recortarles la financiación. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en una sentencia hecha pública ayer y que da respuesta a la denuncia presentada por los sindicatos ELA y LAB contra Partaide.

El fallo reproduce la justificación que los jueces daban hace un mes ante una reclamación similar realizada por las centrales sindicales contra Kristau Eskola, que agrupa a los colegios religiosos, así como AICE (Asociación Independiente de Centros de Enseñanza). En aquella ocasión el TSJPV establecía que la reducción salarial no resultaba "ajustada a derecho" ya que incumplía el convenio del sector, y que la patronal debía reintegrar a los empleados las cantidades que les habían sido descontadas, que podrían llegar a sumar en total unos nueve millones de euros en el caso de los colegios religiosos.

Pese a que las ikastolas mantenían todavía la esperanza de que el Tribunal entendiera que se encuentran en un "callejón sin salida" por el recorte introducido por Educación, finalmente no ha sido así y ha decidido fallar a favor de los sindicatos. En esta segunda resolución, contra la que cabe recurso de casación, se incluye, al igual que en la anterior sentencia, el voto particular del presidente del Tribunal, Pablo Sesma, que discrepa con los otros dos magistrados al considerar que no debe eximirse de responsabilidad al Gobierno Vasco respecto al pago de los profesores.

La decisión supone un nuevo revés para la red concertada de la enseñanza, que insiste en que acatar el fallo podría abocarle al cierre de algunos de sus centros. Tanto colegios como ikastolas aseguran estar económicamente limitados para pagar de su bolsillo el salario íntegro de los empleados, ya que recuerdan, no pueden recurrir al pago de cuotas por resultar ilegales, ya que éstas están limitadas a financiar las actividades extraescolares y otros servicios como el comedor escolar. Por este motivo, instan al Departamento de Educación a buscar una solución conjunta que les permita salir de este bache. Precisamente, en una jornadas llevadas a cabo la pasada semana en Vitoria, el presidente de Ikastolen Elkartea, Koldo Tellitu, tuvo ocasión de trasladarse su inquietud a la consejera de Educación, Isabel Celaá. Tellitu le animaba a iniciar conversaciones con los agentes implicados antes de que se cree una verdadera "alarma social" dentro de la red concertada.

Sentencia en la UPV Por otra parte, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha decidido desestimar la demanda de conflicto colectivo presentada por los sindicatos contra la reducción salarial aplicada al personal laboral de Administración y Servicios de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) derivada de las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno. El fallo, fechado el 22 de marzo y contra el que cabe recurso de casación ordinario, se produce en relación a las demandas interpuestas por LAB y STEE-EILAS y dirigidas contra los sindicatos ELA, CCOO y UGT y contra la Universidad del País Vasco, a la que mostraron su adhesión en el acto de juicio las centrales sindicales codemandadas. La Sala ha acordado desestimar la demanda y absolver a la UPV/EHU de "las pretensiones deducidas en su contra".

El procedimiento se planteó sobre la reducción que sufrieron los trabajadores de la universidad debido a la aplicación de la modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la CAV de junio de 2010 que fijaba una reducción en la masa salarial equivalente a una minoración del 5% en términos anuales.