Vitoria. Rápida y satisfactoria. La sentencia dada a conocer ayer por el Juzgado de Primera Instancia número dos de Vitoria se aguardaba para dentro de un mes, aunque a los responsables de la Diputación no les ha importado lo más mínimo que haya llegado con tanta premura, ya que tras leer su extenso contenido, su reacción ha sido de "total satisfacción". El fallo condena al ente foral a abonar a la UTE Luko 4,2 millones de euros por el sobrecoste de la autopista AP-1, pero los portavoces del equipo de gobierno de Xabier Agirre recuerdan que ésta es la misma cantidad que la Diputación estaba dispuesta a pagar desde un principio a la UTE y que ésta se negó a aceptar. De hecho, tras rechazar esta oferta, los abogados de Dragados, Obras y Proyectos, FCC y Yárritu, las firmas que integran la Unión Temporal de Empresas responsables de la ejecución del tramo Luko-Arlaban, se encomendaron a la vía legal para reclamar los 31,1 millones de sobrecoste que, a su entender, debían cobrar de Diputación.

Repasados los 94 folios de la sentencia, los representantes forales subrayaron que el juez desestima la práctica totalidad de las demandas interpuestas por la constructora, lo que tradujeron en "una victoria absoluta de nuestra defensa". Eso en lo tocante al plano legal, ya que la lectura política de todo este asunto sigue siendo la misma que antes de que se celebrara el juicio, es decir, que los desequilibrios financieros en la autopista responden a una herencia indeseada de los días en los que el popular Javier de Andrés ostentaba el cargo de diputado de Transportes.

El grado de acuerdo de los responsables forales con la decisión judicial es tal que, "en principio", sus servicios jurídicos no recurrirán el fallo. Es posible, eso sí, que sea la parte demandante, en este caso la UTE, la que disconforme con la sentencia proceda a su recurso. Para apelar, podrá dirigirse a la Audiencia Provincial de Álava en los próximos cinco días.

El texto de la sentencia explica que la liquidación de Vias de Álava, Viasa, empresa dependiente de la Diputación, "reconocía ya un sobrecoste de 4.261.153,88 euros, para un total de liquidación de 79.898.708,52 euros, netamente inferior a la reclamación de la actora". Tanto es así que, de acatarse el fallo en sus actuales términos, el desembolso no representaría menoscabo alguno para las Cuentas forales porque el dinero está ya reservado y listo para ser abonado. A estos 4,2 millones hay que añadir los intereses acumulados desde el 9 de junio hasta ahora, con lo que la cifra final a entregar rondaría rondaría los 4,3 millones.

Liquidación presupuestada Desde un principio, la defensa de la Diputación se opuso a pagar los 31,1 millones exigidos por la UTE por considerar dicha reclamación "infundada y temeraria", ya que el proyecto no adolecía a su entender de los errores, deficiencias e indefiniciones alegados por la parte contraria. Según señaló su defensa durante el juicio celebrado hace exactamente un mes, la obra ejecutada no se distanciaba de la proyectada salvo por pequeños ajustes absolutamente habituales. "La demandante -indicaron- conocía perfectamente el proyecto antes de ofertar y no planteó corrección o aclaración alguna, entendiendo por tanto que era idóneo".

El juez ha tenido en cuenta que la UTE "conocía antes de ofertar la problemática de la obra y que el punto crítico de la misma era el túnel de Arlaban". También ha valorado que Viasa, en su oferta técnica, estimó que el plazo de total de los trabajos abarcaría 40 meses y que el importe económico por el que se licitó la obra había sido incrementado en un 10 % respecto del inicialmente aprobado a consecuencia de que, entre otros factores, al ofertante se le requería asumir que los precios fueran cerrados, fijos y no sujetos a revisión.

Precisamente por el hecho de que la obra se pactase con costes cerrados más un dinero extra para que no se produjeran desequilibrios, el magistrado establece que la Diputación sólo debe abonar los trabajos que se encargaron al margen de los contemplados en el contrato. Así, el juez entiende que no cabe pago alguno por daños y perjuicios, tal y como pretendía la UTE.