Vitoria. La segunda jornada del juicio que enfrenta a la sociedad foral Vías de Álava (Viasa), gestora de la autopista AP-1, y las tres empresas que construyeron los 8,3 kilómetros que discurren entre Luko y el acceso al túnel de Arlabán, FCC, Dragados y Yárritu, sirvió ayer para que siete nuevos testigos arrojasen algo más de luz sobre un proceso que hoy quedará visto para sentencia. La parte demandante, integrada en la denominada UTE Luko, exige a la Diputación 31 millones de euros por los sobrecostes generados en la configuración del tramo alavés al entender que Viasa introdujo constantes modificaciones en el proyecto inicial y, en consecuencia, interfirió en su planificación hasta disparar el coste final de los trabajos. La versión del ente foral, diametralmente opuesta tal y como quedó patente en la jornada inicial del juicio, apunta a que la UTE dilató a conciencia el ritmo de las obras para estirar los plazos y cobrar más. Ayer, dado que la mayoría de los testigos -cinco concretamente- fueron llamados a declarar por Viasa, la balanza se decantó más hacia la teoría de que la UTE fue la responsable de la demora en los trabajos, diez meses más de los 30 que recogía el pliego de adjudicación.

Según apuntó ante el tribunal Alejandro Ugalde, director de la obra entre enero y julio de 2006, la UTE propuso varias modificaciones "de cierta trascendencia" sobre el proyecto que no fueron aceptadas por Viasa. Una de las más destacables aludió a los métodos de excavación y sostenimiento de los viaductos del tramo, que finalmente se realizaron en consonancia con el plan inicial por cuestiones de "seguridad", según coincidieron Samuel José Estefanía, trabajador de una firma vinculada a Dragados, y Marcelo Usabiaga, que participó en la elaboración de varios estudios sobre el proyecto.

Uno de los testimonios más acordes con la versión de Viasa lo realizó Carlos Campo, cuya empresa -Euroestudios- se encargó de prestar asistencia técnica a la dirección de obra en el tramo. A su juicio, las modificaciones que sí debieron realizarse respecto al proyecto inicial se debieron a "incidencias pequeñísimas", algo habitual en obras de estas características, y no vinculadas a la "falta de previsión" de Viasa. A su juicio, ajustes como los que se llevaron a cabo "en absoluto" deben suponer un incremento en los precios.

Una expresión en la que coincidió Manuel Acedo, auditor técnico que supervisaba la obra trimestralmente. Según aseveró, "todos los planos se adecúan a la realidad de una obra" y "es normal realizar modificaciones" como las que se llevaron a cabo. Ugalde y Campo, respectivamente, advirtieron también de que la UTE realizó la obra a semejanza del proyecto inicial y que ésta contó con un plan de obras de forma permanente.

El juzgado número 2 de primera instancia escenificará esta mañana, a partir de las 9.30 horas, la presentación de las pruebas periciales así como de las conclusiones finales de ambas partes como carpetazo a esta serie de vistas orales.