El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha imputado a 60 personas por su presunta implicación en la gestión ilegal de los residuos tóxicos de más de medio millón de frigoríficos, un negocio más de 10 millones de euros. A los implicados se les imputan delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, estafa y apropiación indebida.
