vitoria. El alcalde de la capital alavesa dedicó ayer sus primeras palabras a las familias afectadas por el presunto caso de niños robados al nacer en la antigua clínica Arana de Vitoria. La cifra se eleva ya a diez, según confirmó Patxi Lazcoz, por lo que "es de justicia" que los allegados reciban todo el apoyo y solidaridad por parte del Ayuntamiento. Ésta es, precisamente, la razón por la que el primer edil se reunirá con ellos la próxima semana.
El alcalde también animó a los tribunales de justicia y a las fiscalías de todas las comunidades -dado que el escándalo se extiende por todo el Estado- a que intervengan con celeridad para esclarecer unos hechos que en la capital alavesa datan de los años 60 y 70 y que han conmocionado a la opinión pública al hacerse públicos. "Es de justicia conocer la verdad de lo que ocurrió y, además, más fácil que ocultarla", insistió.
Reconvertida hoy en geriátrico, la antigua clínica Arana es el escenario principal donde se produjeron los hechos que ahora se denuncian. Ocurrió tras la Guerra Civil cuando una amplia red de venta de niños se instaló, al parecer, en algunos hospitales, ofreciendo bebés a familias que querían adoptarlos mientras a los padres biológicos les decían que habían nacido muertos. En algunos casos, las familias han denunciado que los supuestos compradores eran conscientes de lo que sucedía; en otros, sin embargo, fueron engañadas ambas partes.
Víctimas y familiares reclaman ahora, décadas después, justicia y solidaridad. Desde que surgió la primera denuncia, nuevos casos salen a la luz cada día. En Vitoria ya son diez los que se investigan.
Ayer mismo, la plataforma de afectados de la causa de niños robados interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por "falta de tutela y de congruencia" en la actuación de los juzgados y por "errores manifiestos en la aplicación del derecho". Así lo explicó el abogado Fernando Magón, que representa a unas 300 familias.
Este grupo considera que el robos de recién nacidos en clínicas era consecuencia de una trama perfectamente organizada y, por lo tanto, debe considerarse un crimen de lesa humanidad y que les asiste la convención internacional de protección contra las desapariciones forzadas. En ella se establece que este tipo de delitos corresponde a un juzgado de situaciones excepcionales, como la Audiencia Nacional.
banco de adn En relación con este asunto, el parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, instó ayer al Gobierno Vasco a utilizar el banco de ADN de la UPV para aclarar las denuncias por el robo de bebés en hospitales. Agirrezabala pregunta a la consejera de Justicia, Idoia Mendia, qué va a hacer para responder a las demandas de las familias afectadas, ya que en su opinión "no basta con ofrecer ayuda psicológica". En este sentido, considera que el Ejecutivo autonómico puede contribuir a la resolución de estos casos a través del banco de ADN de la UPV.
