vitoria. Fue el pasado mes de diciembre cuando el Gobierno Vasco dio la voz de alarma. La consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, aseguraba que retiraría la Renta de Garantía de Ingresos a miles de hogares vascos por irregularidades, una decisión que le permitía ahorrarse 4,3 millones de euros. La consejera recomendó al Ayuntamiento de Vitoria la revisión de 2.200 expedientes, una cifra que finalmente no fue tal, ya que según el Consistorio gasteiztarra no hubo que analizar más de un centenar de casos.
Pese a ello, el PP ha solicitado a Lakua que ponga en marcha en el plazo de tres meses mecanismos específicos de inspección regular de las ayudas sociales para evitar casos de fraude. La parlamentaria popular Laura Garrido compareció ayer en la Cámara autonómica para presentar su iniciativa, que será debatida hoy en el Pleno, y que tiene como fin último que no haya abusos en el cobro de las prestaciones previstas en la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.
Garrido recuerda que el Gobierno Vasco anunció recientemente la revisión de 88.000 expedientes de perceptores de ayudas sociales con el fin de atajar el fraude y retirar las prestaciones a las personas que las cobren de manera irregular. En este sentido, opina que "algo está pasando", por lo que emplaza al Ejecutivo a establecer cuanto antes unos mecanismos de inspección, control y seguimiento regulares de estas ayudas.
La formación conservadora explicó ayer que los ayuntamientos ya llevan a cabo inspecciones propias, dado que son los que gestionan el pago de las Ayudas de Emergencia Social (AES), pero insiste en que puesto que las prestaciones las financia el Gobierno Vasco y tiene más recursos que los ayuntamientos, debería ser el Ejecutivo quien creara mecanismos específicos de inspección.
Garrido advierte de que el fraude en el cobro de las ayudas sociales es una realidad "aunque no es algo generalizado afortunadamente", y recuerda el caso de Vitoria, donde en el año 2008 el fraude en el cobro de las ayudas sociales se elevó a 900.000 euros. "Pero no es algo nuevo" porque en la legislatura pasada, el consejero de Empleo, Joseba Azkarraga, aseguró que el fraude detectado afectaba al 15% de los expedientes de los perceptores de ayudas sociales, incide.
Por su parte, el arateko, Íñigo Lamarca, insistió ayer en que el nivel de fraude en la percepción de las ayudas sociales es "ínfimo". En declaraciones a Radio Euskadi, recordó que lo que ocurrió en diciembre fue que más de dos mil personas que percibían ayudas sociales se apuntaron a las listas del desempleo al exigirlo el Gobierno Vasco, lo que al ararteko le parece "razonable". "Es lógico que los que reciben ayudas estén en situación de empleabilidad. Ahora el tema se ha solucionado y mas de dos mil personas se han inscrito en los servicios de empleo, lo que paradójicamente ha hecho subir el paro", añadió. Según el ararteko, "los servicios sociales de base tienen datos fiables y así lo atestiguan".
