vitoria. No es un secreto que las relaciones entre la exdiputada foral de Cultura, Lorena López de Lacalle, y los defensores de la validez de los hallazgos de Iruña Veleia eran inexistentes. No en vano, estos no disimularon su alegría al observar como los vaivenes de la política situaron fuera del actual Ejecutivo a los representantes de Eusko Alkartasuna. De hecho, cinco días después del cese de la diputada, la plataforma recordó que no podían ocultar su alegría "por ser la principal responsable del desastroso rumbo del yacimiento". También aprovecharon la ocasión para exigir al ente foral la retirada de la querella contra la empresa Lurmen, el exequipo director del yacimiento que se hacía cargo de la excavación hasta el hallazgo de los supuestos falsos grafitos.

"La retirada de la excavación se tomó cuando sólo se entregaron uno de los diez informes de la comisión. Además, las conclusiones debieron ser tomadas antes de la reunión, porque se las entregaron a Eliseo Gil justo al acabarla, cuando el funcionario que las redacta estaba en la misma", criticó recientemente la presidenta de la Plataforma, Maritxu Goikoetexea, junto al arqueólogo José Ignacio Vegas.

Los integrantes de este colectivo pro Lurmen recordaron que la jueza encargada del caso ha encargado el análisis científico de las pruebas. Un motivo que, a su juicio, es un "claro exponente de que no se considera probada la existencia de falsificación" y por el que instaban al ente foral a realizar estudios y análisis de los grafitos en algún laboratorio europeo especializado en arqueometría. "No existe ninguna persona acusada judicialmente, pero es evidente que varias han sido condenadas social y mediáticamente".