vitoria. La incógnita, aunque ya parecía estar despejada, ha irrumpido otra vez en la arena política. ¿La central nuclear de Garoña cerrará definitivamente en 2013 como prometió Zapatero? Las reacciones ante la posibilidad de que el Ejecutivo central prorrogue de nuevo la vida útil de las plantas más antiguas, entre ellas la burgalesa, en el marco de un pacto global con los sindicatos donde también entrarían las pensiones no se hicieron ayer esperar. Hablaron tanto los agentes implicados, desvinculando esta supuesta moneda de cambio, como representantes políticos y sociales de toda índole. Las aguas vuelven a bajar revueltas a cuenta de la controvertida central.
La polémica comenzó el martes cuando Miguel Sebastián, ministro de Industria, se mostró dispuesto en una entrevista radiofónica a analizar la prórroga de las nucleares si los sindicatos lo planteaban durante la negociación del pacto social y de pensiones. Aunque Sebastián excluyó del lote a Garoña, fuentes de Moncloa apuntaron más tarde que esta posibilidad no estaba del todo descartada. El Ejecutivo atribuyó esta propuesta a CCOO y UGT, que supuestamente buscan mantener los puestos de trabajo en la central nuclear, pero ambos sindicatos negaron la mayor posteriormente.
Este escenario de medias verdades y confusión apenas ha variado un día después, aunque el Gobierno central haya intentado zanjar el asunto. Valeriano Gómez, ministro de Trabajo, advirtió ayer de que "en ningún momento" el Ejecutivo ha intentado intercambiar el apoyo a la reforma de las pensiones, especialmente el aumento de la edad de jubilación a los 67 años, con el mantenimiento de Garoña, una idea "absurda" que también desmintieron los secretarios generales de CCOO y UGT.
Mientras Ignacio Fernández Toxo remarcó que "a nadie en su sano juicio se le puede pasar por la cabeza que alguien desde el campo sindical vaya a cambiar energía nuclear por años de jubilación", Cándido Méndez calificó de "disparate grotesco" la posibilidad de que este escenario vaya a plantearse en una mesa de negociación. El exministro socialista Jesús Caldera también quiso restar crédito en declaraciones a Punto Radio a las últimas informaciones. "Esto de plantear que a cambio de algo tan importante se pueda revisar una decisión que está tomada en firme no tiene ningún sentido", zanjó.
Ante tan surrelista cadena de declaraciones, suposiciones y desmentidos, las críticas no tardaron en llegar. Disparó primero la Diputación alavesa, en boca del titular de Medio Ambiente, Andoni Erkiaga, quien apuntó que "no es de recibo que se cuestione el cierre de Garoña, venga de donde venga, y mucho menos mezclándolo con otros temas con los que no tiene ninguna relación". También lo hizo Alfonso Alonso, presidente del PP en Álava, que cargó contra un Ejecutivo central que "va a la deriva en el tema de pensiones y en materia de reforma energética", al tiempo que volvió a apoyar, en sintonía con su partido, la prórroga de la central más allá de 2013. Una posición similar a la de la Junta de Castilla y León, queen también vio "ridículo" vincular pensiones con centrales nucleares.
Mientras tanto, el movimiento Lurra pidió a CCOO y UGT un posicionamiento claro sobre este asunto, teniendo en cuenta que han tomado parte en la iniciativa Álava sin Garoña, y exigió el cierre de la planta "frente a esta nueva intoxicación". Mikel Arana (EB), por su parte, exigió al Gobierno Vasco que inste a Zapatero a cumplir su palabra.
