Madrid. La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) considera que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) se adelantó y decidió cerrar el pasado 3 de diciembre todo el espacio aéreo cuando aún se podía operar más del 50% del total de vuelos porque iba en busca de la "hecatombe". A juicio de los representantes de este colectivo, la entidad gestora de la red de aeropuertos y el Gobierno español "buscaron" provocar a los controladores con el "recorte de derechos" del Real Decreto del 3 de diciembre y al ver que la reacción de los controladores no era "todo lo rápida que esperaban, optan por cerrar".

"Deciden dar el empujón para que los ciudadanos caigan como chinches en culparnos del bloqueo aéreo del pasado puente de diciembre", sostuvo Cabo. Destacaron el caso del Centro de control aéreo de Madrid, donde "a las 17.38 horas Aena decide cerrar el espacio aéreo cuando sólo 2 personas, de un total de 60, habían declarado que no estaban en condiciones para controlar" y "había gente en la torre".

Estas declaraciones preceden a las próximas asambleas de controladores que deberán decidir este lunes si aceptan o no el preacuerdo que el sindicato alcanzó con Aena sobre las negociaciones del II Convenio Colectivo, cuyo texto debería estar terminado antes del 31 de enero. Los controladores deberán respaldar el preacuerdo y designar un árbitro, que, después tendrá que ser consensuado con la empresa antes del 12 de enero. "Si hay árbitro el día 15 de enero, se levantará el estado de alarma y continuarán las negociaciones hasta el 31 de enero entre Aena y USCA", explicó Cabo, quien detalló que, "a partir de esa fecha y hasta el 28 de febrero, los puntos del Convenio sobre los que haya discrepancias serán desarrollados con la mediación de este árbitro".

Sin embargo, Cabo añadió que, en el caso de que el próximo miércoles ambas partes no lleguen a un acuerdo en la designación del árbitro, por "decisión exclusiva de Aena, las negociaciones se romperán". En ese caso y al estar bajo el estado de alarma, Cabo teme que la empresa pública imponga un laudo arbitral y manifestó que "hay rumores de que tienen uno en el cajón desde hace meses". El sindicato de controladores asegura que su actitud "es constructiva y sigue apostando por la negociación", aunque ha reconocido que hay muchos temores.