vitoria. El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) gestionará, probablemente a partir de la segunda mitad de 2011, todos los trámites relacionados con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que ahora competen a diputaciones y ayuntamientos y "nadie" se colará por "las rendijas del sistema". Así lo manifestó ayer la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco, que aprobó el proyecto de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social.
Este proyecto legislativo establece que Lanbide, que comenzará a funcionar a partir del 1 de enero, será el organismo encargado de tramitar la RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y su percepción estará vinculada, excepto para algunos colectivos como los pensionistas, entre otros, a la búsqueda de empleo.
El perceptor de la ayuda que no cumpla el compromiso de activación de empleo no cobrará la RGI, advirtió la consejera, quien explicó que los beneficiarios recibirán orientación laboral, para lo cual, se "reforzará" el personal de Lanbide, sobre todo para atender a los parados de larga duración. En ese sentido insistió en que el Gobierno Vasco quiere un procedimiento en el que "nadie se cuele por las rendijas del sistema" y que sea transparente. El proyecto de ley será remitido esta misma semana al Parlamento Vasco para su tramitación y para la búsqueda de un "amplio consenso" entre partidos políticos, y Zabaleta estimó que la ley se podría aprobar a mediados de 2011. Así, si se cumplen estos plazos, diputaciones y ayuntamientos dejarán de gestionar esta renta social y estas instituciones quedarán liberadas de esta carga de trabajo "excesiva", recalcó la titular de Asuntos Sociales.
La RGI es una prestación periódica de naturaleza económica dirigida a las personas mayores de 23 años integradas en una unidad de convivencia que no disponga de ingresos suficientes para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas como a los derivados de un proceso de inclusión social. El Gobierno Vasco ya ha autorizado este año un gasto de 281,4 millones de euros para hacer frente a las solicitudes de la RGI y, hasta la fecha, hay 60.000 perceptores.
