vitoria. Las secuelas legales del juicio celebrado hace un año en Vitoria contra el exsubdirector de Seguridad de la prisión de Nanclares de la Oca por varios presuntos casos de abusos sexuales, aún permanecen vigentes. Después de que en aquella ocasión el inculpado fuera condenado a un año de prisión y a otros seis de inhabilitación absoluta, el Tribunal Supremo le ha condenado ahora a dos años de cárcel y doce de inhabilitación por realizar solicitudes de carácter sexual a dos reclusas. Este funcionario de Prisiones, identificado como M.M., desempeñó el cargo de subdirector de Seguridad de Nanclares de Oca entre 2004 y 2005.

La Sala de lo Penal del Supremo estima en su sentencia el recurso interpuesto por una de las internas contra el fallo dictado el año pasado por la Audiencia de Álava. M.M., fue denunciado por varias reclusas, pero la Audiencia le condenó únicamente por el caso de una de ellas. Los magistrados consideraron probado que la reclusa G.J. mantuvo numerosas entrevistas con el acusado, quien entre 2004 y 2005 la intentó besar, lo que no consiguió, y le "tocó muy ligeramente el culo".

En otra ocasión, la reclusa dijo al acusado que quería ir a recibir un tratamiento a Proyecto Hombre y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para conseguirlo, a lo que M.M. contestó: "Lo que sea, lo que sea". La Audiencia de Álava condenó al funcionario a que pagara a la mujer 3.000 euros y le absolvió de los otros tres delitos por los que estaba acusado, pero ahora el Alto Tribunal también le condena por el caso de la interna B.C., a la que indicó que si quería tener privilegios y salir antes debía entrar en su juego. Al no hacerlo, el exsubdirector de Seguridad le dijo que "era tonta por no acceder".

trastorno depresivo El Supremo concluye que esta conducta produjo a B.C. un trastorno ansioso depresivo y añade que, aunque la Audiencia Provincial entendió que no se podía considerar que hubiera una petición "inequívoca" de contenido sexual, "el acusado pidió que la recurrente aceptara favores a cambio de prestaciones sexuales". "El contenido de la solicitud es de naturaleza inequívocamente sexual", conminándola con amenazas que "si siempre son intolerables mucho más para un funcionario de Prisiones", explica la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Martín Pallín. Además, concluye que "el reproche penal y social deben ser incuestionales, ya que no sólo ha perjudicado el crédito de una institución, sino que se ha prevalido y abusado hasta límites inaceptables conminándola con perjudicar y agravar la situación carcelaria de la recurrente y su marido".