Bilbao. La polémica fabricada desde el gobierno de Patxi López en torno a las decenas de miles de personas en situación de necesidad que cada mes perciben las genéricamente conocidas como Ayudas de Emergencia Social (AES) arrancó ayer una nueva colección de reproches ante esta particular política de ahorro adoptada desde el Departamento de Asuntos Sociales en virtud a la cual prevé dejar de gastar este mismo mes unos cuatro millones de euros tras anular de forma inmediata más de seis mil expedientes al entender que en todos ellos existía un presunto fraude en vez de una irregularidad. Las diputaciones de los tres territorios históricos (responsables junto a los ayuntamientos de la gestión de este tipo de compensaciones) y la mayoría política y sindical vasca desaprobaron con el proceder de la Administración que ayer, a través de una nota enviada, esta vez sí a todos los medios de comunicación, intentaba defenderse del aluvión de reproches recibidos pocas horas después de haber blanqueado su actuación.

Desde Bizkaia, fue el máximo responsable del área de Acción Social, Juan María Aburto, quien mostró su asombro, desconcierto y enfado por la adopción de esta medida de aplicación inmediata en base a una supuesta irregularidad detectada en 6.262 informes: no estar inscrito como demandante de empleo en el momento de solicitar ese amparo que ronda, de media, los 700 euros. "Se está trasladando la impresión de negligencia por parte de las diputaciones", subrayó Aburto al tiempo que insistía en que el incumplimiento de una obligación formal, no de un requisito, no es un fraude.

El diputado foral de Acción Social destacó, asimismo, que esta diligencia del gabinete de López resulta "arbitraria, discriminatoria y, desde luego, inoportuna" por la época en que se produce. "No se les va a dar la oportunidad de justificar o corregir lo que para muchos, seguramente, no ha sido más que un olvido: el de renovar la inscripción en el Inem o en Lanbide". A su juicio, hubiese sido más oportuno comunicar a estas miles de familias afectadas esa irregularidad de carácter administrativo y darles un plazo para solucionarlo, antes de proceder a la retirada de las ayudas económicas. "Consideramos que el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales está inmerso en una campaña demagógica y populista, que puede ser rentable políticamente, que tiene como objeto hacer creer a la sociedad que la mayoría de las personas que perciben ayudas sociales no son merecedoras de las mismas y que hasta el momento no se había aplicado medida de control alguna", remató Aburto.

Ajenos a estos reproches y llamadas a la planificación, previsión, coordinación y negociación, los socialistas anunciaban su intención de dar continuidad a su particular cruzada hasta revisar más de ochenta mil expedientes. "No podemos permitir, como ocurre, que trece mil personas permanezcan cronificadas en la prestación de Renta de Garantía de Ingresos desde hace más de cinco años, como ocurre a fecha de hoy. El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales va a proceder a verificar la disponibilidad de estas personas para el empleo", indicaban los socialistas.