madrid. La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, anunció ayer que propondrá en el Consejo de Ministros de hoy reformar el Código Civil para que los jueces tengan la posibilidad de determinar si los imputados por delitos de violencia de género deben perder la custodia de sus hijos.

Pajín lo aseguró durante el acto de homenaje a las 64 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en 2010, cita que tuvo lugar en el Instituto de la Mujer con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. "No podemos permitir que quienes golpean, quienes asesinan tengan la custodia de sus hijos", subrayó la gestora socialista, quien aseguró que tratará de "prohibir expresamente la atribución de la custodia individual de los hijos al cónyuge incurso en un proceso de violencia de género".

Fuentes del Ministerio de Sanidad explicaron que la reforma legal que se plantea pretende dotar a los jueces de la posibilidad, durante el tiempo que dura el proceso judicial y antes de que exista una sentencia firme, de adoptar como medida cautelar la retirada de la custodia individual al presunto maltratador. La legislación actual ya prevé la retirada de la custodia compartida para los condenados por maltrato. Ahora se trataría de regular aquellos casos en los que se produce la custodia individual o única, lo que se produce normalmente cuando la mujer ha fallecido.

La ministra defendió la oportunidad de esa reforma, que analizará en profundidad el Consejo de Ministros, y que un hombre que presuntamente ha matado a su mujer no se quede con la custodia única de los hijos, de la misma manera que no es lógico -precisaron las fuentes consultadas- que un hombre no herede el patrimonio de la mujer a la que ha asesinado.

Ante esa declaración de intenciones, las asociaciones judiciales explicaron que la propuesta de la ministra de Sanidad es innecesaria, propagandística y peligrosa. El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, consideró que la propuesta de Pajín puede provocar una inseguridad jurídica "tremenda" y perjuicios "irreparables". En el mismo sentido se pronunció el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV), Marcelino Sexmero, que cree que esa posible reforma no dice nada que no se esté haciendo ya en función de cada caso concreto y siempre en interés y beneficio del menor.