SI en 2009 la CAV cosechó los peores datos de edificación pública de la última década -3.190 viviendas frente a las 6.259 del año anterior-, nada apunta a que la construcción de inmuebles vaya a desviarse de esta senda en 2010. A pesar de este escaso bagaje y en un intento de revertir esta situación, el Departamento de Vivienda que dirige Iñaki Arriola decidió hacer de la necesidad virtud y anunció la construcción para este año de 7.300 viviendas protegidas, de las que 2.600 serían en régimen de alquiler.

Sin embargo, pese al persistente intento de Arriola de hacer del alquiler el eje de todas sus políticas, los datos presentados por su propio Departamento vuelven a poner en entredicho las promesas anunciadas a principios de año. De hecho, según datos de Lakua, a principios de octubre se habían comenzado a edificar solamente 1.030 viviendas y la previsión para finales de año, según reconocieron desde Vivienda, era que siendo muy optimistas la cifra se elevaría hasta las 3.192 viviendas, es decir, 4.108 menos de lo anunciado a principios de año.

El parón registrado en la construcción de viviendas públicas en el último año y medio repercute, como es evidente, en el número de personas que no ven resueltas sus aspiraciones de emanciparse, especialmente entre los más de 57.000 jóvenes vascos de entre 18 y 35 años que permanecen apuntados en Etxebide a la espera de acceder a una Vivienda.

Otro de los objetivos marcados por el Gobierno que tampoco ha tenido el éxito ni el respaldo esperado, es el gran pacto político y social que Arriola anunciaba a bombo y platillo meses atrás. Pese insistir en la idea de que el Pacto Social por la Vivienda es hoy una realidad, los datos y los hecho vuelven a evidenciar todo lo contrario. Cierto que este plan cuenta con el apoyo de 75 agentes, pero la mayoría son promotores, bancos, constructoras o instituciones ligadas al ámbito privado. Además, en lo que a respaldo político se refiere, el Gobierno ha vuelto a quedarse sin apoyos sustanciales, puesto que ni los partidos, colectivos sociales, sindicatos ni municipios se han adherido a este "gran pacto".

Precisamente, otro de los aspectos que el dDepartamento de Vivienda se comprometió a fortalecer a principios de la legislatura, fueron las relaciones entre el Gobierno y los municipios vascos. De hecho, uno de los aspectos que el actual Ejecutivo reprochaba una y otra vez a Javier Madrazo -anterior consejero de Vivienda- era que dejaba de lado a los ayuntamientos a la hora de edificar viviendas protegidas. Sin embargo, las subvenciones a consistorios para promover viviendas en alquiler han pasado de 17 millones de euros a 7 millones, cerca de un 60% menos.

Siguendo con otro de los capítulos que ha levantado una gran polvareda política y social, el número de titulares de una vivienda en derecho de superficie a 75 años que ha solicitado adquirir la plena propiedad de la misma- a cambio de desembolsar una cantidad que oscila entre 9.000 y 12.000 euros- es, a finales del mes de octubre de 1.400 personas (11,8%), cifra más que llamativa teniendo en cuenta que esta privatización de suelo público estaba dirigida a un total de 11.859 adjudicatarios.