vitoria. Los delitos relacionados con la pornografía infantil cada vez son más habituales en los medios de comunicación, fruto de las investigaciones llevadas a cabo por la Policía, ya sea en busca de redes integradas por decenas de personas que se mueven en distintos países y se relacionan a través de Internet o casos más localizados de tenencia de material fotográfico.

Ayer, Vitoria se convirtió en protagonista de una de estas investigaciones que llevó a la Policía Nacional a registrar el domicilio de un agente de la Policía Local y, posteriormente, a interrogarle en busca de más datos con que poder completar el caso en el que los agentes trabajan. Según ha podido saber este periódico de fuentes solventes, de momento, no existe ninguna conclusión clara y únicamente se sabe que el policía fue interrogado por un asunto relacionado supuestamente con pornografía infantil. Aunque, según las mismas fuentes, una vez que el agente atendió a los responsables de la investigación, no consta que fuese arrestado. El protocolo policial para este tipo de investigaciones consiste en identificar las IP de los ordenadores que se intercambian este tipo de documentos. Esta etiqueta única está formada por una serie de números que forman la dirección inequívoca de cada computadora, de modo que una vez que se identifican también se localiza inmediatamente al titular de la misma. A partir de entonces, se conforma el operativo con todos las personas que se intercambian la información.

Este tipo de identificación fue el que consiguió arrestar el pasado 10 de septiembre a ocho personas que se intercambiaban archivos pedófilos por todo el Estado: Valencia, Castellón, Cádiz, Badajoz y Madrid eran las ciudades en las que residían los detenidos y a los que se localizó gracias a la actuación de la Brigada de la Policía Judicial de Vitoria. El dispositivo empezó el pasado 20 de enero, a raíz de la denuncia puesta por un vecino que avisó de la descarga de un archivo de pornografía infantil. Sin embargo, hay otras veces en las que la desarticulación de una red pedófila se salda con alaveses detenidos de por medio. En 2009, la Fiscalía alavesa dictó dos años de prisión a un vecino de Vitoria y una multa de 1.800 euros a otro de Llodio por poseer este material ilegal.