vitoria. El gabinete Lazcoz reiteró ayer su confianza en los resultados del nuevo servicio contra el fraude en las ayudas sociales, con el que se facilitará un número de teléfono para que los ciudadanos puedan reservar cita y aportar información sobre sus sospechas. La medida, sin embargo, genera dudas entre los grupos de la oposición, que creen que debería apostarse por otras actuaciones, temen que esta nueva actuación cargue de trabajo a los funcionarios o, directamente, dudan de que este sistema del chivatazo sea el adecuado.

El grupo municipal del PNV llevó este tema al Pleno al presentar una alternativa: la creación de una unidad de control del padrón que, en colaboración con otros departamentos, evite el fraude en este apartado y en el de las ayudas sociales. La medida no prosperó -el equipo de gobierno alegó que esta colaboración interdepartamental ya funciona-, pero forzó el debate sobre esta nueva apuesta del ejecutivo Lazcoz, que pretende activar en octubre un teléfono para que los ciudadanos que tengan sospechas de fraudes en las ayudas sociales puedan solicitar una cita con técnicos de Intervención Social para trasladarles esa información. El objetivo del primer edil es luchar contra el fraude -cada año se detectan casos por un total de un millón de euros- y, además, combatir la leyenda urbana de que hay personas que viven en Vitoria aprovechándose de estas ayudas.

Desde el PP, la concejala Ainhoa Domaica lamentó que el PSE apueste por esta medida aislada en lugar de ahondar en el protocolo contra el fraude activado en 2005 por el anterior ejecutivo popular. Mientras, la concejala jeltzale Nerea Melgosa lamentó que el ejecutivo se lanzara a hacer pública esta medida sin antes haberla consultado con los grupos municipales, una situación que aún suscita muchas preguntas en la Casa Consistorial, como qué ocurrirá con los casos "falsos". El concejal de EB José Navas, por su parte, pidió más "claridad" para acabar con las sospechas en las ayudas sociales, un "peligro" que también denunció el representante de EA Antxon Belakortu.

confidencialidad, no anonimato La concejala de Hacienda, la socialista Marian Gutiérrez, salió al paso de estas dudas al defender que es "necesario" implicar a la ciudadanía en la lucha contra el fraude y que este nuevo servicio servirá para acabar con un "runrún" preocupante e insistente en la calle. La representante del gabinete Lazcoz aclaró, además, que estos traslados de información no serán anónimos sino "confidenciales", ya que se exigirá a los vecinos que aporten sus datos personales al concertar esta cita.