vitoria. La decisión del Gobierno Vasco de recortar la financiación que concede a la red concertada de enseñanza empieza a dar problemas. Pese a que la mayoría de los centros han tirado este primer mes de fondos propios para completar las nóminas de pago delegado, no lo han hecho la totalidad de ellos. Como consecuencia, se están dando situaciones como que en un colegio haya profesores que desempeñan el mismo trabajo a cambio de un salario inferior.
Así le consta al menos a STEE-EILAS, sindicato que hoy participará junto con CCOO, LAB y UGT en una reunión con la patronal para decidir qué se puede hacer para desbloquear esta situación. Y es que el tijeretazo que Lakua ha metido a las ayudas públicas que concede anualmente a la concertada con motivo de las medidas anticrisis propuestas por el Ejecutivo de Patxi López, ha sumido a estos centros en un momento delicado. La decisión, recogida con rango de Ley como modificación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Vasca, supone en la práctica vulnerar el Convenio Colectivo de la Enseñanza Privada, ya que impide abonar a los docentes su sueldo íntegro.
La decisión afecta a los profesores con nómina de pago delegado, que son la mayoría, es decir, aquéllos cuyos salarios son abonados directamente por la Administración en nombre del centro concertado, ya que hay otro grupo de docentes cuyo salario corre a cuenta del colegio que les contrata. Es a los primeros a los que se les ha empezado a aplicar ya la reducción, y aunque buena parte de los centros han tratado de completar sus nóminas recurriendo a fondos propios, lo cierto es que no todos los han hecho y eso empieza a generar diferencias entre unos trabajadores y otros. Así las cosas, los centros temen que les empiecen a llover las denuncias por impago. Calculan que podrían recibir hasta 12.000 reclamaciones al mes por parte de profesores que reclaman que se respete el salario pactado.
En este sentido, STEE-EILAS asegura que algunos colegios están "poniendo pegas" a la hora de facilitar las nóminas de agosto a los docentes; un documento que necesitan para realizar la reclamación correspondiente. "A fecha de hoy hay trabajadoras y trabajadores que no la han recibido", apuntan desde el sindicato abertzale.
El malestar es por lo tanto evidente en las aulas, y mientras, tanto patronal como sindicatos continúan estudiando qué medidas adoptar para evitar que el Gobierno Vasco continúe aplicando la reducción. CCOO ya ha anunciado su propósito de presentar una demanda de conflicto colectivo contra Educación. También la patronal está analizando esta posibilidad después de que las últimas reuniones mantenidas con el área que dirige Isabel Celaá no hayan dado los frutos esperados.
Desde Kristau Eskola, Ikastolen Elkartea, Eusko Ikastola Batza, Ikasgiltza y la Asociación Independiente de Centros se muestran pesimistas en cuanto a que el Gobierno Vasco vaya a dar su brazo a torcer. La consejera ha sido muy clara al respecto, y hace menos de una semana, durante el acto oficial de apertura de curso de los centros religiosos, aseguró que era una medida "que a nadie le gusta tomar", pero que no iba a poner "en riesgo la modernización de la enseñanza". Los cinco sectores que agrupan a la patronal siguen con su intención de agotar las vías pacíficas antes de llegar a los tribunales, pero fuentes consultadas aseguran estar cada vez más cerca de tener que tomar esta decisión, que abriría un escenario sin precedentes en las relaciones entre el Departamento de Educación y la red privada.
"eskola 2.0". Por otra parte, el Consejo de Gobierno del Ejecutivo vasco acordó ayer la concesión de una subvención directa, valorada en 883.987 euros, a las federaciones y asociaciones con relaciones estatuarias o reglamentarias con centros privados de enseñanza no universitaria para subvencionar las actividades de formación del profesorado, de quinto de Educación Primaria, realizadas para el desarrollo del proyecto Eskola 2.0 durante el curso 2009-2010.
La concesión de dicha subvención fue solicitada durante el Consejo de Gobierno a propuesta de la consejera de Educación, Universidades e Investigación, Isabel Celaá. Los beneficiarios de la citada partida serán Kristau Eskola, Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa, Asociación Independiente de Centros de Enseñanza-rakaskuntza Zentruen Elkarte Autonomoa, IKASGILTZA y Elizbarrutiko Ikasteteak.