madrid. Los afectados por la Enfermedad de Alzheimer en fase incipiente comenzarán a recibir el próximo año las ayudas previstas en la Ley de Dependencia, de manera que cuenten con servicios que mejoren su calidad de vida y que retrasen la aparición de los síntomas más invalidantes de esta patología.

Así lo anunció ayer en una rueda de prensa la directora general del Imserso, Purificación Causapié, con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre, que éste año tiene por lema Juntos Podemos.

El presidente de la Confederación Española de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), Emilio Marmaneu, señaló que en España se calcula que hay 3,5 millones de personas afectadas y en torno a las 800.000 que sufren directamente esta forma de demencia, pero, para 2050, se prevé que las cifras se dupliquen.

Purificación Causapié informó de que en 2011 se sumarán al sistema de prestaciones aquellas personas con dependencias moderadas, entre ellas, las demencias en fase inicial, que podrán recibir terapias no farmacológicas como la estimulación cognitiva y conductual.

Estos apoyos, añadió, pueden retrasar los síntomas de la dolencia que producen "mayor dependencia", retardar sus desarrollo y mantener la autonomía personal del afectado, distanciando en la medida de lo posible su ingreso en un centro.

El neurólogo Juan Rafael García, de la Sociedad Española de Neurología, recordó que los síntomas van desde pequeñas pérdidas de memoria y desorientación tempoespacial hasta una "incapacidad profunda".

El paciente deja de hablar, no conoce a sus allegados, presenta incontinencia urinaria y fecal, y aumenta la rigidez muscular, hasta quedar inmovilizado y alimentarse con una sonda nasogástrica.

desigualdad de los centros Emilio Marmaneu, apuntó asimismo como uno de los fallos que es urgente corregir "la desigualdad territorial" de la que adolece el sistema actual de prestaciones a los dependientes. "Si yo fuera una persona enferma de alzheimer, preferiría padecer esta enfermedad en unas comunidades que en otras", confesó Marmaneu, quien pidió además que la Ley de Dependencia "no pierda el norte" y sirva para prestar servicios y no sólo ayudas económicas, ya que, de lo contrario, "fracasaría".

Marmaneu comentó que ante este reto es preciso insistir en que "juntos podemos", porque esto sólo será posible contando con las distintas administraciones, las personas afectadas y las sociedades científicas, desde una perspectiva integradora y socio sanitaria.

En el 95% de los casos, la familia asume la mayor parte de la atención sociosanitaria y los cuidados, con un gasto medio de unos 30.000 euros anuales y que, con la Ley de Dependencia desarrollada en un 70%, este gasto familiar puede haberse reducido a unos 24.000 euros por año.