Vitoria. Álava partía de unas cifras de salida realmente bajas, pero en sólo un año ha visto cómo la gráfica de los delitos cometidos por funcionarios públicos se ha dilatado hasta sobrepasar en un 40% a la del año precedente. 2009 será recordado en el territorio como uno de los ejercicios más agitados en este sentido ya que los ciudadanos vieron desfilar por el banquillo de los acusados a un concejal de Urbanismo y a un alcalde acusados de prevaricación, al gerente de una sociedad pública, a dos empresarios sospechosos de haber sobornado a un edil y a un agente de la Policía acusado de dar chivatazos en clubes de alterne antes de que la Brigada de Extranjería llevara a cabo inspecciones en los mismos.

El primero en pasar por el Palacio de Justicia fue el ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria, Jorge Ibarrondo, a quien se acusaba de haber permitido la ejecución de seis chalés en una parcela donde la normativa, en principio, sólo permitía ejecutar cinco. Después de un mediático proceso en el que la jueza encargada del caso halló culpable al ex edil y le sentenció a siete años de inhabilitación para ejercer cargo público, 9.000 euros de multa y al pago de las costas del juicio, Ibarrondo recurrió y la Audiencia Provincial le eximió de todos los cargos.

Luego le llegó el turno al alcalde de Aramaio, Asier Agirre, por aprovechar las elecciones de alcaldes pedáneos para llevar a cabo una consulta popular sobre el TAV, hecho que la Fiscalía alavesa interpretó como constitutivo de los delitos de prevaricación y desobediencia a la autoridad judicial. También se valoró la posibilidad de que se le imputara otro presunto delito de malversación de caudal público, pero no prosperó.

Posteriormente fue el gerente de Ensanche 21, Alfredo Piris, quien se situó en el punto de mira de la Fiscalía. Se le investigó por la detección de presuntas irregularidades urbanísticas en una operación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Vitoria, más concretamente en la enajenación de las parcelas que ahora acogen el BAKH. Finalmente, la juez archivó la causa contra él.

Otro concejal, esta vez de Laguardia, centró la atención del siguiente juicio, aunque los acusados fueron dos empresarios acusados de haber tratado de comprar el voto de un edil de EA para que apoyara la ampliación del número de viviendas contemplado en un proyecto de campo de golf. La sentencia, condenatoria pero criticada por algunos sectores que la consideraron "muy blanda", obligó a Gregorio O.T. al pago de 180.000 euros, mientras que dejó libre de culpa a Mario Luis B.V.

El último funcionario en ocupar el incómodo banquillo fue un agente de la Policía Nacional quien, según el fallo emitido por el juez, avisaba con antelación a diversos clubes de alterne de que la Brigada de Extranjería tenía previsto realizar inspecciones en los locales para controlar la regularidad de las mujeres foráneas que pudieran trabajar allí. Tanto él, como el titular de un club y un colaborador de este último, fueron hallados culpables de un delito de revelación de secretos.