vitoria. El Gobierno Vasco movilizará los suelos que se encuentran estancados para impulsar la construcción de vivienda protegida. Éste es uno de los ejes principales del Pacto Social por la Vivienda, que a través de sus 87 acciones pretende cubrir las necesidades de residencia de 90.000 familias de Euskadi e incrementar el número de pisos promovidos en alquiler hasta lograr que en 2013 éstas representen el 40% del total y en 2025, el 50%.

Asimismo, se pretende dar un impulso al arrendamiento con opción de compra, adecuar los precios máximos de Vivienda de Protección Oficial al coste real de construcción y poner en marcha un programa de cesión de moradas de personas mayores para introducirlas en el mercado de alquiler a cambio de pisos dotacionales adecuados a sus necesidades.

Este pacto firmado hace unos meses por el lehendakari, Patxi López, y el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, con otras setenta entidades sociales y económicas es el primero de estas características en Euskadi. En él no participan ni la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), ni las tres diputaciones. No obstante, el Ejecutivo autonómico confía en que consistorios y entes forales puedan sumarse al acuerdo más adelante.

Los que sí suscribieron el pacto representan a constructores, promotores, colegios profesionales, consumidores, asociaciones vecinales, familias numerosas, madres y padres separados, cooperativas, entidades financieras, sociedades municipales y universidades, entre otras. Todos ellos proponen en el documento consensuado introducir los cambios normativos necesarios para dotar a los ayuntamientos de capacidad de decisión a la hora de fijar porcentajes adecuados de VPO a cada actuación, dentro de los límites que se establezcan en la normativa.

Rehabilitar viviendas Otro de los ejes estratégicos principales del pacto se dirige a la rehabilitación y regeneración urbana. No en vano, en la actualidad existe en la CAV un parque edificado compuesto por más de 900.000 viviendas. De ellas, casi el 70% es anterior a 1980. Al respecto, el Ejecutivo se ha marcado un plazo de 15 años para mejorar y rehabilitar 250.000 viviendas.