Vitoria. En los últimos años, el impacto de la crisis sobre las familias vascas ha sido demasiado fuerte como para que las instituciones puedan garantizar unos servicios sociales de base de calidad, hasta el punto de que el sistema está en "riesgo de colapso", según explicó ayer el ararteko, que sin embargo hizo un llamamiento a la serenidad para no "generar alarma".
Íñigo Lamarca compareció ayer en el Parlamento para entregar a su presidenta, Arantza Quiroga, un informe extraordinario sobre el estado de los servicios de base, los que prestan los ayuntamientos, que se enfrentan a una dura realidad. Mientras la demanda de este tipo de prestaciones ha aumentado un 70% en la última década, los recursos humanos destinados a atención social sólo han crecido un 45%.
La consecuencia de este desfase es evidente; los servicios sociales son de peor calidad que hace unos años, una circunstancia que se deja sentir especialmente, como indicó el ararteko, en lo referente al personal. Según Lamarca, los trabajadores "están al límite", pues están sobrepasados por una carga de trabajo excesiva, y por ello el defensor del pueblo vasco reclamó a las instituciones que incrementen los recursos destinados a atención social de base.
Los servicios sociales que prestan los ayuntamientos son la llave que permite a los ciudadanos empadronados en Euskadi acceder a la percepción de la Renta Básica o las Ayudas de Emergencia Social, y acuden a ellos un 15% de los ciudadanos vascos. La situación actual es mala, pero Lamarca advirtió de que puede ir a peor en un momento de grave crisis económica que pronto dejará a merced de las ayudas sociales a muchos parados que van a ir agotando sus subsidios de desempleo, de una duración máxima de dos años. Así, la Administración vasca seguirá prestando sus servicios, pero lógicamente éstos serán de peor calidad. En el fondo de la cuestión se encuentra, según Lamarca, la necesidad de una "financiación estable" de estas prestaciones sociales de base, que en la actualidad asumen casi en sus tres cuartas partes los municipios, mientras que otro 15% lo paga el Gobierno Vasco y el 10% restante las diputaciones. El Ararteko apostó por realizar una reflexión sobre quién y cómo se sufragan estos servicios, una cuestión que vendrá a aclarar la Ley Municipal que prepara el Gobierno Vasco y que se debatirá en el Parlamento a partir de septiembre. Lamarca cree necesario además homogeneizar las prestaciones en todos los municipios.
