Vitoria. El PSE-EE y el PP lograron ayer en la Cámara vasca sacar adelante una iniciativa que insta al Gobierno Vasco a modificar la normativa que multa a empresas que incumplen el uso del euskera.

Entre otras cuestiones, el decreto establece 123/2008 obliga a las grandes empresas y establecimientos abiertos al público de rotular y atender en las dos lenguas oficiales, en base a la Ley de Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarias, que reconoce a los ciudadanos el derecho a recibir en euskera y castellano información sobre bienes y servicios.

Mientras se proceda a la modificación de la legislación, la resolución aprobada -que contó con los votos negativos de PNV, Aralar y EB, y con la abstención de UPyD- también pide que el Gobierno Vasco establezca "una moratoria de un año" en la aplicación de las sanciones, fijadas entre los 3.000 y los 600.000 euros, en función de su gravedad.

El debate se llevó al pleno por el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, quien defendió una proposición no de ley en la que instaba a la "inmediata derogación" de dicho decreto porque "no se puede imponer el uso de una lengua en la sociedad con medidas coercitivas e imposiciones".

Mientras que el parlamentario socialista Vicente Reyes subrayó que sancionar no es el camino para avanzar hacia el uso del euskera, Iñaki Oyarzábal (PP) aseguró que estudiará la posibilidad no sólo de derogar el decreto sino de modificar las "imposiciones" coercitivas y sancionadoras. Arantxa Aurrekoetxea (PNV) acusó a socialistas y populares de no respetar la realidad sociolingüística vasca y criticó al Ejecutivo vasco por reducir las ayudas para el euskera.