Vitoria. Más trabajo de oficina y menor presencia de agentes en las calles. Y ello a pesar de que las tasas delicitivas en la capital alavesa crecen de forma sostenida, año tras año. El grupo municipal del PP en Vitoria señala al Gobierno municipal y le acusa de haber incrementado los puestos administrativos dentro de la Policía Local, lo que ha redundado en recortes dentro de la Policía de Barrio y de las patrullas de Acción Inmediata. "Mientras los robos se han duplicado en Vitoria y los delitos y faltas se han incrementado en más del 51% en 22 barrios, el número de policías locales que trabaja en oficinas aumenta a diferencia de los efectivos destinados a patrullar en la calle, que se han reducido de 256 a 240", denunció ayer la concejala popular Marian Castellanos. El Ayuntamiento no tardó en responder para negar esta lectura a su entender "interesada" de los datos y subrayar que "no se ha incrementado la labor de Policía Local a temas administrativos sino como consecuencia del Plan Director".
Las cifras que maneja la oposición proceden de la memoria anual del cuerpo, presentada por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Bully, a principios de abril. Según estos datos, el número de agentes que integran el área de Coordinación Operativa, la responsable de patrullar las calles, asistir a los vecinos, velar por la seguridad ciudadana y prevenir accidentes, se ha reducido de 256 a 240. Dentro de este Departamento también las patrullas de Acción Inmediata han sufrido recortes al pasar de 102 a 91 agentes. La Policía de Barrio es, con diferencia, la que más ha acusado la reordenación de los recursos humanos al pasar de 73 a 36 agentes. Por contra, tal y como detalló Castellanos, bajo el Gobierno de Lazcoz el área de Gestión Interna, Planificación y Calidad, dedicada a labores administrativas en oficina, ha duplicado su número de trabajadores al pasar de 10 a 20 agentes. El resto de departamentos que componen la distribución de la Policía Local, es decir, la Policía Judicial y la Policía de Tráfico, han mantenido estables sus respectivas estructuras.
Sin embargo, los responsables municipales explicaron que dicho aumento "es para mejorar precisamente el servicio a la ciudadanía ante el incremento de denuncias y por tanto del número de detenidos, así como de los casos de violencia familiar".
La forma de actuar del gabinete Lazcoz resulta, a juicio de los populares, "incomprensible", por lo que solicitan al Ayuntamiento que reorganice el servicio de manera que haya mayor presencia policial en las calles. "Lo que están demandando los vecinos es una mayor presencia policial en las calles para prevenir delitos y ofrecer seguridad a los ciudadanos. Sin embargo, el Gobierno de Lazcoz, en contra del sentido común, en lugar de aumentar la presencia policial en la calle lo que hace es todo lo contrario", manifestó Marian Castellanos.
La reducción de efectivos en la vía pública es, según la concejala, "aún más grave si cabe" si se tiene en cuenta que la plantilla de la Policía Local se reforzó recientemente con 69 nuevos agentes procedentes de la última Oferta de Empleo Público (OPE) "aprobada por el anterior gobierno del PP".
demanda ciudadana Según un estudio elaborado por la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), más de la mitad de los vascos -el 55,2%- consideran que las labores de los vigilantes de seguridad complementan en buena medida a las funciones de la Policía. En esta misma línea, la ciudadanía reclama más seguridad en calles comerciales, centros educativos y parques. A falta de otros recursos, el 59,4% de los vascos opina que los servicios privados de protección son una "garantía" para la seguridad.
En cuanto a los niveles de competencia que deberían asumir, el 94,6% de los encuestados se mostró partidario de que, en caso de agresión, puedan intervenir inmovilizando al agresor. paralelamente, el 93% de los residentes en la CAV considera útil que estos guardas puedan vigilar las calles para disuadir a posibles delincuentes y el 92,5%ve con buenos ojos que se les permita retener a presuntos infractores hasta la llegada de los agentes o que incluso puedan pedir la documentación a los individuos sospechosos.
