vitoria. La negativa de los grupos junteros del PNV y del PSE a que el PP tenga acceso a las declaraciones de bienes del ex diputado foral de Administración Local, Alfredo de Miguel, y del ex director del Instituto de Bienestar Social, Koldo Otxandiano, como había solicitado el grupo popular este martes, ha abierto una nueva brecha en la institución. El PP ha censurado que la Diputación "está uniendo sus designios al destino" que tenga De Miguel tras confirmarse la negativa de jeltzales y socialistas a facilitar la información.
La procuradora popular Marta Alaña criticó al diputado general, Xabier Agirre, por sus declaraciones en favor de la transparencia y de los "bolsillos de cristal" al descubrirse esta presunta trama de corrupción. "¿Qué problema hay en que se sepa? Si no quieren que se acceda a esa información por algo será. Hacen que pensemos que hay algo muy gordo detrás", manifestó Alaña. Poco después, tanto el PNV como el PSE salieron al paso de estas declaraciones. El portavoz jeltzale Roberto González Muro cargó contra el PP al considerar que "no persigue la transparencia, sino extender una sombra de sospecha sobre un proceso judicial mientras las actuaciones se encuentran bajo secreto", al tiempo que desmintió que el grupo se esté oponiendo a que los junteros tengan acceso a la información solicitada.
El PSE, por su parte, aseguró que está "dispuesto a que todas las declaraciones de todos los miembros del Gobierno sean públicas", aunque insistió en que deben serlo "para toda la ciudadanía" y así evitar que se configuren "falsas realidades e indefensión para defenderlas". Por último, el grupo juntero de Aralar censuró la "obstrucción institucional" que se está produciendo en este asunto, así como el "cambio de posición" del ente foral que, de no cambiar, podría implicar el giro de la formación a posiciones ajenas al consenso con los jeltzales.
El llamado caso De Miguel ya ha entrado en su segundo mes. Pese a que las detenciones del ex diputado foral y de otras siete personas ligadas al PNV por su supuesta implicación en una caso de cobro de comisiones ilegales ligado a la compraventa de terrenos en Miñano, investigación que les ha valido a todos ellos la imputación por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, provocó un sinfín de informaciones contradictorias, el juzgado encargado de las diligencias y la Fiscalía han prorrogado el secreto de sumario un mes más para seguir con la investigación.
