BILBAO. El Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos vascos han acordado crear la Alta Inspección de Servicios Sociales, que velará por el cumplimiento del derecho subjetivo de cualquier ciudadano a acceder a ellos, independientemente del lugar donde viva.
En una comparecencia ante los medios en Bilbao, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha valorado la voluntad manifestada por todas las instituciones vascas para alcanzar un consenso para desarrollar la Ley de Servicios Sociales y concretar así las competencias de cada ámbito institucional y la forma de financiarlas de manera sostenible.
Según ha explicado, han acordado desarrollar la ley desde la creación del Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, que asumirá la coordinación entre el Ejecutivo, las diputaciones y los ayuntamientos, con el objetivo de "eliminar desequilibrios interterritoriales y garantizar la unidad del sistema vasco" de dichos servicios.
En él, ha destacado la consejera, "trabajarán de manera paritaria" el Ejecutivo y el resto de administraciones competentes, y "tomarán decisiones de igual a igual" para, entre otras funciones, definir la cartera de prestaciones y los servicios ofertados a los ciudadanos, así como la aprobación de los presupuestos y la evolución de la ejecución presupuestaria en los tres niveles administrativos.
Zabaleta ha confiado en que el Órgano Interinstitucional esté constituido "antes del verano", con doce miembros, seis en representación del Ejecutivo y otros seis en representación de Diputaciones y ayuntamientos.
Por otra parte, los tres niveles administrativos vascos han consensuado crear la Alta Inspección, que, liderada por una persona designada por el departamento de Zabaleta, tratará de "garantizar el ejercicio efectivo del derecho subjetivo a los servicios sociales" que tiene todo ciudadano, según la ley vasca, así como "verificar el cumplimiento" del mismo.
La diputada foral de Asuntos Sociales de Gipuzkoa, Maite Etxaniz, ha explicado que la Alta Inspección no entrará a estudiar, por ejemplo, la calidad de un centro en concreto, ya que para eso seguirá funcionando la inspección técnica dependiente de las diputaciones, sino que tiene "una función más importante", que será "que las instituciones cumplan la Ley".
Zabaleta ha afirmado que ese organismo buscará coordinar los servicios ofertados con "el respeto más absoluto a las competencias que tienen asignadas diputaciones y ayuntamientos".
Además, comprobará su correcto funcionamiento para lograr que "el sistema de servicios cumpla el principio de igualdad" para todos los ciudadanos, de manera que sea "homogéneo y justo, independientemente de donde resida el ciudadano que lo demanda", ha concluido.
Los diputados forales de los tres territorios han advertido de "la dimensión que está adquiriendo el sistema de servicios sociales", cuya principal "debilidad" es su "financiación" y, por ello, han pedido plantear ese debate para buscar "un gran pacto" político y social sobre el cual lograr que ese entramado sea "sostenible".
La representante de la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, Lourdes Idoiaga, ha reflexionado que los ayuntamientos "son la puerta de entrada" de los ciudadanos a los servicios sociales y ello exige "el reconocimiento a la hora de valorar las fuentes de financiación".
