madrid. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha abierto un expediente para determinar las circunstancias de la actuación policial desarrollada el jueves en el barrio del Cabanyal durante unos incidentes que se saldaron con dos heridos leves, varios contusionados y dos personas detenidas.
Así lo anunció ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que lamentó "profundamente" los "episodios de violencia" vividos ayer en el Cabanyal. En la misma rueda de prensa, la vicepresidenta primera anunció que el Gobierno aprobó ayer la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de la Generalitat valenciana que autoriza todas las actuaciones del Plan del Barrio del Cabanyal de Valencia porque "menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico".
En contraposición a la investigación por la desproporcionada acción de la Policía Nacional, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, remitió una carta a la vicepresidenta primera del Gobierno, en la que habla de la "violencia con la que actúa" la Plataforma Salvem El Cabanyal, opuesta a la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de este barrio, y le pide que ella y el resto del Ejecutivo central no la respalden.
Por su parte el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, dijo que se suspenderá la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal si el Tribunal Constitucional, "no los ciudadanos" o las protestas vecinales, así se lo ordena. Según el concejal popular, "si el TC dice que hay que suspenderlo todo, pues lo suspenderemos todo.
