GASTEIZ. La UPV presentó el 14 de diciembre del año pasado un recurso de amparo ante el TC después de que el Tribunal Supremo (TS) declarara nulo de pleno derecho el protocolo en virtud del cual estaban matriculados medio centenar de presos de ETA encarcelados en prisiones de Francia.

El rector de la UPV, Iñaki Goirizelaia, ha dado a conocer hoy la presentación de este recurso, que ya había anunciado meses atrás, durante su comparecencia ante la comisión correspondiente del Parlamento Vasco para hablar de este proceso judicial relacionado con los estudios universitarios de presos.

El Supremo determinó que la UPV al matricular a presos en cárceles francesas incumplía la Ley General Penitenciaria, que establece que los reclusos tienen que matricularse en la Universidad Española de Educación a Distancia (UNED) o en universidades que firmen convenios con Instituciones Penitenciarias (IIPP).

La UPV considera que el Supremo, al impedir la matrícula de presos en cárceles francesas, fuera de la competencia de la administración penitenciaria española, se inmiscuye en la autonomía universitaria.

Gorizelaia ha reiterado que el argumento del Supremo de que es necesario un convenio con IIPP para que presos en Francia puedan estudiar en la UPV porque "si se excluye de la aplicación del precepto a los internos en centros penitenciarios extranjeros se está excluyendo a éstos de la aplicación de unas garantías legalmente previstas para asegurar la calidad de la enseñanza" es una intromisión en la autonomía universitaria.

El rector de la UPV ha asegurado que la UPV cumple las leyes y que, en la actualidad, no hay ningún preso matriculado, aunque ha defendido el derecho a recurrir al considerar "inaceptable someter la calidad de nuestra formación a instancias administrativas", como, a su juicio, ha determinado el Supremo.

Gorizelaia ha defendido también el derecho de los presos a estudiar, un derecho recogido en la Constitución española, según ha recordado, y ha pedido al legislador que si el "objetivo" de las leyes y sus reformas es impedir que presos de ETA se puedan matricular en la Universidad que lo recoja así en una norma, de forma explícita, para que los rectores no tengan que interpretar.

Ha recordado que además de él, sus antecesores en el Rectorado Manuel Montero y Juan Ignacio Pérez han enviado cartas a Instituciones Penitenciarias solicitando la firma de un convenio y que no ha sido posible.

Por último, ante las acusaciones de que la reforma de la ley para impedir que los presos de ETA pudieran matricularse en la UPV porque supuestamente tenían un trato de favor, el rector ha defendido el "ejemplar" comportamiento de la Universidad que dirige.

Ha negado que ningún recluso haya recibido trato de favor y ha dicho que, hasta el momento, las resoluciones judiciales dictadas al respecto descartan irregularidades.

Ramón Gómez, del PP, grupo que solicitó la comparecencia, ha asegurado que durante años estudiantes presos de ETA consiguieron "muchos beneficios" para lograr expedientes académicos muy por encima de la media del resto de estudiantes.

Gómez también ha dicho que no se vulnera ningún derecho estableciendo que los presos tienen que estudiar en la UNED, como no se vulnera cuando otras personas, por razones laborales, familiares u otras, también tienen que cursar sus estudios a distancia.