Madrid. El Congreso de los Diputados aprobó ayer con el respaldo de 184 de los 350 diputados de la Cámara -ocho por encima de la mayoría absoluta requerida- el proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ahora será enviado al Senado.
El texto fue apoyado por el PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG y Na-Bai y dos diputados de Convergencia (CDC-CIU), que tiene libertad de voto. Por el contrario, el proyecto no contó con el voto favorable del PP, Coalición Canaria, los cuatro de Unió (UDC-CiU), tres de Convergencia, UPN y UPyD, que sumaron 158 votos. La diputada restante de Convergencia, Inmaculada Riera, fue la única abstención. El diputado del PP José Madero votó, por error, a favor de la ley, que sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción del embarazo y lo liberaliza en las primeras catorce semanas.
En la votación no estuvo presente el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ayer viajaba a Copenhague para asistir a la cumbre sobre cambio climático.
Durante el debate en el Pleno, la diputada socialista Carmen Montón destacó que esta ley respeta "el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad" y da cumplimiento a "una histórica reivindicación de tantas feministas" y defendió que el objetivo de la norma es "que sean menos las mujeres que abortan y que las que lo hagan sea con más información, con más garantías y con más seguridad". "Con más represión y con más Código Penal -dijo al PP-, no lograremos menos abortos, si no más sufrimiento. Y con menos educación y menos acceso a métodos anticonceptivos no lograremos abstinencia y castidad, sino más riesgo y más embarazos no deseados", dijo.
En nombre de Unió (UDC-CiU), la diputada Concepciò Tarruella aseguró que la ley es inconstitucional y recalcó que el Estado debe "proteger la vida de todos y garantizar verdaderas ayudas a la familia y a la maternidad para que las mujeres tengan alternativas al aborto" y puedan sacar adelante a sus hijos.
Sin embargo, la diputada de Convergencia (CDC-CiU) Mercè Pigem, señaló que el nuevo texto dará más seguridad jurídica a mujeres y profesionales y pondrá fin a la "abusiva" utilización del tercer supuesto de la ley actual. En este sentido, manifestó su conformidad con las enmiendas aprobadas en tramitación parlamentaria y pidió al los parlamentarios que "entiendan" las razones de todas las mujeres que se pueden encontrar "ante un dilema moral" a la hora de abortar.
Por parte del PNV, el diputado Joseba Aguirretxea defendió el apoyo de su grupo al dictamen sobre el aborto porque, a su entender, dará como resultado una ley "más humana, más cercana y responsable" que la anterior. Asimismo, mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado entorno a las enmiendas presentadas por su formación, que, según destacó, fueron negociadas "sin ceder a los principios" del PNV.
Por su parte, Joan Tardà (ERC) aseguró que "hoy es un día feliz para el Gobierno, para la ministra, para su grupo y para las mujeres".
"Los que están en contra de la reforma quieren volver a los tiempos del silencio y de la represión donde había más interrupciones y represión de las libertades", indicó el portavoz de IU, Gaspar Llamazares.
La diputada de UPyD, Rosa Díez, criticó el dictamen y aseguró que genera "más inseguridad jurídica" que la norma anterior".
Olaia Fernández explicó que el BNG apoya la ley porque reconoce el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad.