Vitoria. Las vacas flacas se ceban con el eslabón más débil de la cadena económica. Dentro de la actual situación de crisis, el colectivo que se ha llevado la peor parte ha sido el de los inmigrantes, cuya tasa de paro ha aumentado en un 70% a lo largo del último año según indicaron ayer los responsables de UGT. Los portavoces del sindicato, reunidos ayer en Vitoria para analizar el fenómeno de la inmigración asociado al mercado de trabajo en la coyuntura actual, precisaron que sólo un 53% de los inmigrantes en paro que residen en el territorio tienen derecho a prestaciones, de los cuales tres cuartas partes cobran prestación y el resto subsidio. Los extranjeros parados en la CAV representan ya el 11% del total de desempleados de la comunidad autónoma, cuando únicamente son el 6% de la población.

El padrón revela que, actualmente, en Álava viven 25.000 extranjeros, de los cuales más de 3.000 no tienen trabajo. El desempleo de los inmigrantes afincados en el territorio se concentra fundamentalmente en el sector servicios -afecta a unas 1.800 personas- y en de la construcción -850 personas más-, pero según las previsiones realizadas por los portavoces de UGT, el futuro a corto plazo se torna oscuro. "Los datos de construcción se van a disparar cuando acabe este mes porque concluyen todas las obras del Plan E", advierte Ana Corral, representante de UGT en el Foro para la Inmigración.

El problema se agrava aún más al comprobar que a medida que se agrava la crisis se acrecientan los sentimientos racistas. Una situación que, tal y como asegura Ana Corral, puede mitigarse a través de la estabilidad laboral. "Los contratos garantizan los derechos de los inmigrantes y eliminan los recelos hacia este colectivo", aseguró.

ley de extranjería La reciente aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería ha constituido, a juicio de la portavoz sindical, "una oportunidad fallida para diseñar el futuro". Así, manifestó que ésta "no es la Ley que en estos momentos necesitaba el país ni es la Ley adecuada para garantizar la cohesión social". Según consideró, a la hora de revisar la norma ha pesado más la situación económica que la necesidad de mejorar la situación de los inmigrantes. "Se ha avanzado en todos los derechos que no suponen un coste económico. Se aparta a los extranjeros de los beneficios del estado del bienestar", apuntó.