Las declaraciones como acusados de David Sánchez y del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, abrirán el juicio el próximo 28 de mayo por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la institución provincial pacense.
El magistrado de la Audiencia Provincial de Badajoz, Emilio Serrano, ha fijado que el juicio se celebre del 28 de mayo al 4 de junio. Los once procesados, acusados de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, declararán los días 28 y 29 de mayo.
Procesados y testigos
Además de Sánchez y Gallardo, los otros investigados incluyen cargos y exresponsables de diversas áreas de la Diputación de Badajoz, así como Luis María Carrero, exjefe de la Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas y amigo de David Sánchez. Carrero trabajó anteriormente en el Ministerio de Presidencia.
Los días 1 y 2 de junio declarará una quincena de testigos, entre ellos aspirantes al puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación y directores o exdirectores de los conservatorios. El 3 de junio se espera la declaración de cuatro testigos más y nueve agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación.
La última sesión se destinará a la presentación de informes definitivos por las partes, incluidas las siete acusaciones populares: Manos Limpias, HazteOir, Vox, PP, Iustitia Europa, Asociación Liberum y Fundación de Abogados Cristianos.
Argumentos del auto de procesamiento
El auto sostiene que David Sánchez tenía conocimiento previo de que el puesto se había creado para él, presentándose a la convocatoria y realizando la entrevista solo para simular la legalidad del procedimiento. La creación del puesto fue decidida por Gallardo, la diputada de Cultura Cristina Núñez y la directora del Área de Cultura Elisa Moriano, con el objetivo de que Sánchez lo ocupara.
Asimismo, Luis María Carrero habría utilizado su amistad íntima con Sánchez para facilitar la creación y acceso al puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.
Posición de la Fiscalía y contexto histórico
La Fiscalía ha pedido archivar el procedimiento, al considerar que no existen indicios de criminalidad y que prolongar el proceso sería “absurdo” y “condenado al fracaso”. El caso se remonta a octubre de 2016, cuando la Diputación de Badajoz barajó la creación del puesto de coordinador de los conservatorios de música, cerrando así un camino judicial de nueve años y medio.
