Suele decir el Gobierno Vasco que, cuando negocia con el Estado para conseguir las competencias que le corresponden, es tan difícil como sacar una muela a ciertos funcionarios y niveles de la administración, que sienten esas materias como propias aunque sean parte del Estatuto de Gernika. Estos días, los técnicos y algunos secretarios del Gobierno español se han resistido como si la consejera Maria Ubarretxena hubiera acudido con el torno y sin anestesia. Y la razón se encuentra en que la comunidad autónoma vasca estaba negociando y ha conseguido el primer paquete de transferencias para gestionar las ayudas de la Seguridad Social (además del salvamento marítimo). Sobre todo, el pulso ha sido intenso en el caso del seguro escolar, la primera materia donde las instituciones vascas pasarán a recaudar las cuotas y, por tanto, asumirán las funciones de la Tesorería General de la Seguridad Social. Siempre ha levantado suspicacias, aunque el Estado mantiene la competencia legislativa para fijar las cuantías.
Ahora, ambos gobiernos afrontan la negociación de las 16 transferencias que quedan para cumplir en su integridad el Estatuto de Gernika. Y estos días se ha puesto de manifiesto lo complejo que será cerrar el resto de prestaciones de la Seguridad Social (como las pensiones), los aeropuertos y los puertos. Ya han aflorando recelos e, incluso, actitudes que rozan la obstrucción en algunos casos.
Lo que se ha pactado y lo que no en la transferencia de la Seguridad Social
La Comisión Mixta de Transferencias firmó el viernes pasado la gestión de las ayudas del paro y el seguro escolar, pero al Gobierno Vasco le queda por delante alcanzar un acuerdo con el Estado para conseguir el resto de prestaciones de la Seguridad Social, la gestión del régimen económico y la creación de una entidad propia vasca para realizar esas tareas.
¿Qué utilidad tiene el acuerdo del viernes como precedente? La clave está en el seguro escolar. Es la materia menos relevante desde el punto de vista del valor económico, pero es trascendental a nivel político. En el documento que ha redactado el Gobierno Vasco, solo en el punto del seguro escolar dice que asumirá su “gestión integral”, y que va a sustituir en suelo vasco a la Tesorería estatal y a ejercer funciones como la “recaudación” de las cuotas. Es decir, la comunidad autónoma no solo pagará el seguro, sino que recaudará las cuotas. El Estado mantiene la competencia legislativa y, eso sí, también mantiene la competencia sobre las funciones de afiliación, altas y bajas. Pero, en cualquier caso, la relevancia del acuerdo radica en que Euskadi va a sustituir a la Tesorería General de la Seguridad Social y va a recaudar cuotas.
De ahí que el acuerdo haya sido tan disputado, pese a su escaso valor económico (que era donde el socialista Eneko Andueza ponía el foco para quitarle hierro). Ahora bien, cabría preguntarse qué le espera al Gobierno Vasco en las próximas semanas si ha tenido que pelear tanto este acuerdo que mueve 270.000 euros anuales, cuando las pensiones vascas ascienden a 12.000 millones al año, sin contar el coste del personal funcionario y los edificios. El Gobierno Vasco aspira a gestionar todas las prestaciones contributivas de la Seguridad Social, las mutuas, el Fogasa (el fondo que paga los salarios a los trabajadores en las empresas en quiebra), la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, y ampliar funciones de la inspección de trabajo.
Por tanto, en las próximas semanas, la interlocución volverá a ser intensa con la ministra socialista del área, Elma Saiz. La consejera Ubarretxena ya ha tenido sus más y sus menos con su secretario de Estado por tratar de rebajar los términos del acuerdo entre el lehendakari Pradales y el presidente Sánchez y, por ello, el PNV pide al socialista que se implique de manera más estable para evitar otro bloqueo.
El matiz del paro y el aviso de UGT y CCOO
El seguro escolar es el acuerdo más interesante como precedente, aunque también tiene simbolismo que la comunidad autónoma vasca vaya a ser la primera en gestionar las ayudas del paro. De todos modos, el único acuerdo en el que se habla expresamente de recaudar cuotas es el seguro escolar. En el caso de las prestaciones contributivas de desempleo (y el subsidio no contributivo del paro, un sistema que no depende de la caja de cotizaciones), la única cifra monetaria de la que se habla son los 20 millones anuales para medios personales y materiales, que obviamente no son los 822 millones a los que ascienden las ayudas que se pagan. Eso sí, los 20 millones se han calculado siguiendo el método del Cupo, el 6,24%. Otro matiz radica en que ese dinero se pagará vía transferencia directa a la comunidad autónoma y se va a actualizar en cada ejercicio para garantizar medios suficientes. El Gobierno Vasco ya había sugerido días antes que podía cerrarse una vía intermedia de financiación, y parece que es el caso.
Estos primeros acuerdos han puesto en guardia a los sindicatos UGT y CCOO, aunque por ahora dan por bueno que, en las prestaciones contributivas de desempleo, el dinero para pagar la ayuda seguirá llegando de la Tesorería del Estado y no hay minoración del Cupo. Por tanto, por el momento, no han elevado la voz más allá de exigir más información y criticar que esta cuestión no se haya tratado en la mesa de diálogo social. Lo que han hecho los gobiernos vasco y español es materializar un compromiso del Estatuto de Gernika, un pacto bilateral no sujeto a esa mesa con los sindicatos, pero esto da una medida de la presión que se avecina.
En el caso de las prestaciones familiares, que no son contributivas y no tienen relación con la caja de cotizaciones y cuotas, el acuerdo por escrito sí menciona que se van minorar 100 millones del Cupo. Estas ayudas, las prestaciones por cuidado familiar y el seguro escolar pasarán a gestionarse desde la CAV el 1 de enero de 2027.
Accionistas de los aeropuertos y el presidente de Aena
El Gobierno Vasco se enfrenta a una zona de turbulencias con la gestión de los aeropuertos, donde la Comisión Permanente de julio, con presencia de Pradales y Sánchez, ya acordó que la comunidad autónoma tenía que participar en la gestión de los aeródromos de Loiu, Foronda y Hondarribia, y en el diseño de las inversiones del informe DORA. La privatización de parte de Aena, cuyo 49% está en manos del capital privado y cotiza en Bolsa, está dando pábulo a que esos inversores presionen para garantizar su rentabilidad. Recelan de cualquier movimiento a este respecto.
La espita la abrió el fondo británico TCI, que está liderado por Chris Hohn, un ejecutivo multimillonario y con un estilo que busca provocar. Quizás por ello haya que tomar con cautela sus palabras. Pero la cuestión es que esta actitud se ha extendido, y el propio presidente de Aena, Maurici Lucena, también avisó el jueves de que, si el Gobierno español intentara imponer un acuerdo con una comunidad autónoma en el Consejo de Administración, sería nulo por mucho que sea propietario del 51%. Aunque Lucena se presente ahora como un hombre de ciencias puras y economista profesional, Pradales recordó que su cargo es propuesto por el Gobierno español. Fue en las listas del PSC.
Puerto de Pasaia
En otro ámbito relacionado con las grandes infraestructuras del Estado, los puertos, el gran escollo se presenta en la transferencia total del puerto de Pasaia, porque los propios socios del PNV, los socialistas vascos, se lo han tomado como un experimento que podría conducir a su pérdida de valor con impacto en los empleos de Gipuzkoa. La intención de Ubarretxena es justo la contraria. En primer lugar, ya explicó en octubre que, si pide la transferencia total de Pasaia y únicamente la gestión compartida de Bilbao, es porque el puerto vizcaino está incluido en la red Core Network europea, y eso impide su traspaso. Pasaia está en la red TEN-T, pero en una subcategoría inferior. Y, en segundo lugar, Ubarretxena constataba que formar parte de la red de interés general del Estado no ha traído ningún beneficio empírico para el puerto de Pasaia, que en aquel momento estaba en el puesto 23 de 28 del ranking estatal. Pidió sacarlo del catálogo de interés general para llevarlo al “top 10”.
En principio, no debería resultar tan complicado, si se tiene en cuenta que el PNV reveló que había alcanzado un acuerdo en ese sentido en la negociación presupuestaria con el Estado que quedó en suspenso por el adelanto de las elecciones catalanas en 2024. Pero, por haber quedado en suspenso, el acuerdo nunca llegó a hacerse público. Puede ser que esa información no llegara al PSE, pero tampoco el ministro Óscar Puente ha dado un paso al frente para hacer valer que exista un acuerdo, y sus declaraciones públicas sobre puertos y aeropuertos han ido en el sentido de destacar la dificultad de un traspaso. En este ministerio, trabaja el exalcalde de Irun, José Antonio Santano, que tiene un historial de desencuentros con el PNV.
Este es el escenario que afronta el Gobierno Vasco, que tiene por delante otras materias complejas como un bloque financiero, y cuestiones de utilidad cotidiana como la matriculación de vehículos y los exámenes. La futura reunión de Pradales y Sánchez servirá para reordenar el calendario, pero el PSOE ya ha incumplido el pacto de investidura con el PNV que lo obligaba a cerrar el Estatuto en 2025. Mientras tanto, la duración de la legislatura española sigue en el aire.
Las 16 transferencias pendientes
13+1
Seguridad Social, puertos, aeropuertos, vehículos... 13 transferencias aparecen en los diez documentos enviados por Ubarretxena al Estado: gestión del resto de prestaciones contributivas de la Seguridad Social, dirección de mutuas, gestión del Fogasa, gestión del régimen económico de la Seguridad Social incluyendo la creación de una entidad gestora propia vasca (y ampliar funciones de inspección a las ayudas asumidas); puerto de Pasaia y cogestión del puerto de Bilbao; paradores de turismo de Hondarribia y Argomaniz; permisos de circulación y matriculación de vehículos, así como organización de exámenes; régimen electoral municipal; crédito oficial y banca para que el Instituto Vasco de Finanzas se subrogue la posición del ICO; permisos a las aseguradoras privadas; pago de primas de seguros agrarios; dotación financiera para hacer funciones del Cedex en experimentación de obra pública; y apoyo a pymes industriales. Participar en la gestión de los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia no está en el dosier porque ya se negociaba.
Dos más
Otros foros. La lista acaba con dos materias que no se firmarían en la Comisión Mixta: inspección pesquera (subcomisión de coordinación institucional) y seguridad privada (Junta de Seguridad).
