El PP impulsa en el Senado un nuevo enfrentamiento institucional por la Ley de Movilidad

El Pleno del Senado aprobará este miércoles un nuevo conflicto de atribuciones con el Gobierno y el Congreso impulsado por el PP por el “veto” del Ejecutivo de Sánchez a unas enmiendas en la Ley de Movilidad Sostenible, activando así el procedimiento para que este choque pueda acabar en el Tribunal Constitucional.

Un nuevo choque institucional por la Ley de Movilidad

Según el orden del día del Pleno del Senado de este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, se dará luz verde a un nuevo choque institucional como consecuencia de la Ley de Movilidad Sostenible.

Será el enésimo conflicto entre Senado y Congreso tras los registrados por la Ley de Amnistía, los Presupuestos Generales del Estado o diversas enmiendas legislativas.

De acuerdo con el procedimiento, el PP hará uso de su mayoría absoluta en la Cámara Alta para aprobar este choque con el Congreso en el Pleno de este miércoles. Una vez ratificado, el Senado lo remitirá al Congreso y al Gobierno.

Un mes para responder, o el caso irá al Constitucional

El Congreso y el Gobierno disponen de un mes para contestar al planteamiento del conflicto de atribuciones.

Pueden responder o pueden guardar silencio, en cuyo caso se considera sustanciado. Si la respuesta es negativa o no existe, el Senado decidirá si eleva el asunto al Tribunal Constitucional o si lo da por cerrado.

El origen del conflicto: tres enmiendas vetadas

Enmiendas 118 y 148, en el centro del choque

El enfrentamiento surge en la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Senado. El PP logró introducir varias enmiendas que fueron refrendadas después por el Congreso, pero el Gobierno vetó algunas alegando que afectaban al equilibrio presupuestario.

Las enmiendas afectadas son la 118 y la 148, que incorporan un nuevo artículo 61 bis y una disposición transitoria undécima al proyecto de ley.

El artículo 61 bis: una partida anual para movilidad sostenible

El artículo 61 bis, vetado por el Gobierno, establece que el Ministerio de Transportes debe habilitar cada año una partida en los Presupuestos Generales del Estado para fomentar la movilidad sostenible, excluyendo la movilidad urbana e interurbana.

Esta partida financiaría:

• Proyectos para desarrollar una red de infraestructura de recarga de acceso público, con prioridad en zonas menos estratégicas.
• Programas de renovación de flotas de transporte de mercancías y viajeros para su descarbonización.

La financiación se articularía mediante exenciones fiscales, subvenciones competitivas y subvenciones directas. La disposición transitoria undécima añadida por las enmiendas señala que, si la aplicación de la ley afecta a contratos públicos en vigor imponiendo nuevas obligaciones a los contratistas, los órganos de contratación deberán prever compensaciones por los sobrecostes generados.